ue Petróleos Mexicanos de ninguna manera se privatizará y lo quiero dejar muy claro, porque pareciera que a veces se quiere equiparar reforma energética con privatización, lo cual sería un grave error y una falta de seriedad. Lo que les digo es que ¡no se va privatizar Pemex!... De pronto vemos información que pareciera apuntar en otro sentido, y creo que no ayuda a que haya una discusión seria y debidamente informada. Ni el presidente Enrique Peña Nieto ni ninguno de los integrantes del gobierno han hablado de privatizar Pemex ni mucho menos privatizar las reservas petroleras o de gas que tiene México.

La anterior es la puntual declaración del candidato a mago Luis Videgeray, quien asegura que, sin privatizar, el gobierno federal abrirá las puertas de la paraestatal para que el capital privado nacional y foráneo clave sus colmillos al negocio del oro negro. Y lo trascendental no es su declaración, sino el esperado truco de magia que utilizará –si es que desea honrar su dicho–, pues habrá que ver cómo le hace para concretar tal pretensión sin violar la Constitución, toda vez que ésta lo obliga, al 100 por ciento, a mantener la cadena productiva y la comercialización del petróleo y los demás hidrocarburos bajo el exclusivo manto del Estado, por tratarse de un área estratégica.

Entonces, ¿cuál será el truco del magazo?, porque la ley ordena 100 por ciento y de forma exclusiva, de tal suerte que aunque el gobierno federal sólo abra una rendija, una pequeña grieta, un agujerito para que el capital privado participe en el negocio del oro negro, dos serían los resultados inmediatos: se refrendaría que la intención es privatizadora, por mucho que la mayor parte del pastel quedara bajo control del Estado, y se violaría la Constitución. A menos, claro está, que el conejo en el sombrero sea reclasificar el petróleo y los demás hidrocarburos, y degradarlos de estratégicos a prioritarios.

Este truco –por llamarle así– lo practica el gobierno federal desde tiempos de Miguel de la Madrid. Así, a lo largo de los últimos 30 neoliberales años, y sólo con fines privatizadores, la autoridad decidió que por esa ruta transitaran muchísimas áreas estratégicas, que por obra y gracia de la reclasificación terminaron en prioritarias, es decir, aquellas en las que el capital privado puede participar sin traba ni medida alguna.

¿Cuál es la diferencia entre áreas estratégicas y prioritarias, según establece la Constitución en su artículo 25? No se trata de un problema semántico, por lo que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM es puntual y nos ayuda a entender de qué se trata: las primeras son “el conjunto de actividades económicas (producción y distribución de bienes y servicios) que exclusivamente realiza el Estado a través de organismos públicos descentralizados, y unidades de la administración pública, por imperativos de seguridad nacional, interés general o beneficio social básico para el desarrollo nacional, de tal suerte que en ellas el gobierno federal siempre mantendrá la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan.

Las segundas son “aquellas actividades que el gobierno federal, mediante las empresas públicas, realiza por sí o en concurrencia con los sectores social y privado (…) por razones circunstanciales e imperativas de interés general, proveyendo de esta forma al desarrollo nacional” (ídem). Y, de acuerdo con la clasificación constitucional, el petróleo es un área estratégica, o lo que es lo mismo, el capital privado no puede participar, así sea mínimamente.

El mago Videgaray reclama que a veces se quiere equiparar reforma energética con privatización, lo cual sería un grave error y una falta de seriedad. Bien, pero cuando el gobierno promovió la reforma bancaria, en realidad privatizó el sistema, que era catalogado como área estratégica; cuando anunció la reforma al sistema de pensiones, éste se privatizó; cuando puso en marcha su reforma modernizadora en Ferronales, lo único que no privatizó fue el líder charro Víctor Flores, mientras el gran pastel se lo dieron a Germán Larrea (el de Grupo México) y a Carlos Slim, y el país se quedó sin un vagón. Y allí están muchas otras reformas que originalmente presentaron como modernizadoras y terminaron en rigurosa privatización.

La mula no era arisca; la hicieron (cinco sexenios al hilo, y el actual por allí va), y en este sentido la reforma energética que dibuja el gobierno federal parece pato, nada como pato, tiene plumas de pato y grazna como pato, pero resulta que la Constitución no permite patos en las áreas estratégicas, por mucho que las intentonas se disfracen de otra cosa. Entonces, si quieren evitar lecturas equivocadas que le restan seriedad al debate, pues abran las cartas y, sin actos de magia, sin conejos en el sombrero, detallen la propuesta de participación privada sin privatizar, con un marco constitucional que lo prohíbe. Así de simple.

Pero no sólo Videgaray defiende al pato. También el mismísimo inquilino de Los Pinos, quien ayer se aventó al ruedo para salvar el honor de la reforma emplumada (se respeta sintaxis): “no vale, ni se vale, que en estos momentos y a estas alturas, cuando hemos logrado avanzar en apego y cumplimiento a todos los acuerdos que hemos celebrado, hay quienes pretenden engañar a la sociedad y quieran afirmar que la propuesta que se ha postulado es para privatizar la empresa que es de los mexicanos. Nunca siquiera se ha referido o citado la expresión privatizar. Por el contrario, más nos hemos ocupado en reiteradas ocasiones de tener que reafirmar, por aquellos que pretenden engañar o confundir, que la propuesta busca fundamentalmente hacer que la empresa de todos los mexicanos donde el Estado mexicano invariablemente mantendrá la rectoría económica tiene que ser más productiva, tiene que ampliar su capacidad para generar energía, que realmente beneficie a todos los mexicanos… Por qué seguir anclados en este debate anacrónico, obsoleto”.

Nada más fácil: detallen la propuesta.

Las rebanadas del pastel

De la lectoría: según los Censos Económicos de 2009, con información de 2008, se tiene que por cada peso pagado al personal operativo de Pemex (el directamente ligado a la producción), los trabajadores produjeron 100 pesos. Es decir, esta relación de 1 a 100 evidencia el nivel de explotación tan fuerte a que son sometidos los trabajadores de la paraestatal. Los excedentes creados se van al pago de impuestos, salarios a ejecutivos de la paraestatal y al pago de deuda externa (Víctor H. Palacio Muñoz. profesor-investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, [email protected]).

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