uego de dar a conocer los lineamientos para una reforma migratoria integral –que incluiría la regularización de 11 millones de indocumentados, la verificación de centros de trabajo de migrantes y el reforzamiento de la seguridad fronteriza– y tras haber recibido el respaldo de organizaciones de latinoamericanos, defensores de derechos humanos y medios de comunicación, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se dijo ayer confiado en que la reforma pasará antes de fin de año y llamó a los legisladores de su partido y de la oposición a colaborar en una redacción de la nueva ley.

Al colocar la migración como uno de los temas centrales de la agenda política de Washington –al plan del Ejecutivo se suma la propuesta elaborada por una comisión bipartidista en el Senado–, resulta inevitable recordar la improcedencia y la doble moral de la política antimigrante que ha mantenido ese gobierno en décadas recientes: en efecto, las medidas persecución en contra de la migración indocumentada no están orientadas tanto a la eliminación de ese fenómeno en el vecino país –perspectiva que derivaría en el estancamiento y hasta en la parálisis de varios sectores de su economía– cuanto a modular, mediante el relajamiento o la intensificación de esa persecución, la oferta de mano de obra barata en función de las necesidades del mercado laboral de ese país, y a proveer a su economía de un factor de competitividad financiera.

Es falso, pues, que la migración indocumentada constituya una amenaza de desestabilización o inseguridad para Estados Unidos, como han sostenido reiteradamente los estamentos más conservadores, chovinistas y xenófobos de la nación vecina; en cambio, la penalización de ese fenómeno ha constituido históricamente una forma inmoral, inhumana e insostenible de subsidiar la economía de ese país.

Por lo demás, la perspectiva de la aprobación de una reforma migratoria adquiere relevancia adicional para nuestro país, en tanto que permitiría corregir, así sea parcialmente, uno de los rasgos más perversos del proceso de integración regional a que fue sometido México desde el gobierno de Carlos Salinas: cabe recordar que la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) estableció la apertura de las fronteras entre México, Estados Unidos y Canadá para las mercancías y los capitales, pero las cerró a las personas; de esa manera, se otorgó a las trasnacionales el derecho a buscar mejores condiciones de desarrollo y se le negó a los trabajadores.

Tal discriminación resulta doblemente perversa, habida cuenta de que la aplicación de ese acuerdo ha tenido efectos catastróficos en nuestro país, empezando por la pérdida sostenida de independencia económica y alimentaria, la devastación de los entornos agrícolas, la aniquilación de la industria nacional –sometida a una competencia inequitativa y desleal con la estadunidense y la canadiense– y la consecuente pérdida masiva de puestos de trabajo, fenómenos que, en conjunto, han dejado a un sector importante de la población sin otra alternativa que la migración o la incorporación a las distintas vertientes de la economía informal, incluida la delincuencia.

Más allá de las propuestas legales, un paso fundamental para la aprobación de una reforma migratoria en Estados Unidos es el abandono –por parte de las autoridades representantes y la sociedad en general de ese país– de la hipocresía estructural que subyace en el entramado legal vigente en materia migratoria y que consiste en satanizar la migración indocumentada y, al mismo tiempo, beneficiarse del invaluable aporte de ese fenómeno a la economía y la cultura estadunidenses.

El gobierno mexicano, por su parte, debe abandonar la indolencia y la inacción sistemáticas que ha mostrado en torno al asunto –con el falso argumento de que compete exclusivamente al ámbito interno de Estados Unidos– y colocarlo como un punto central de la agenda de negociaciones bilaterales.