Después de la controvertida liberación de la ciudadana francesa Florence Cassez por violación a los derechos al debido proceso legal y a la presunción de inocencia, los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisarán el miércoles próximo cinco amparos, en los que indígenas de Chiapas y Guerrero impugnan sentencias en su contra con el argumento de que en sus juicios fueron violados sus derechos humanos.

Luego de haber aplazado dos veces la resolución de algunos amparos de ese tipo, la primera sala enlistó los amparos directos presentados por Manuel López Gómez, Celestino Garay Candia, Eloy García Reyes, Nicolás Gómez Santiz y Joel Mancilla Vázquez.

En octubre pasado fueron listados. De acuerdo con fuentes judiciales, el común de los asuntos es que los acusados no contaron con la defensa legal adecuada.

En octubre anterior, cuando no pertenecía a la primera sala Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena –tomó el lugar de Guillermo I. Ortiz Mayagoitia el primero de noviembre–, los ministros aplazaron la resolución de los asuntos ante la posibilidad de que no se alcanzaran los tres votos necesarios (de cinco) para que los acusados quedaran libres.

En aquel entonces, trascendió, sólo Olga Sánchez Cordero y Arturo Zaldívar se pronunciaron por la concesión del amparo liso y llano, como en el caso de Florence Cassez, mientras Jorge Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío y Ortiz Mayagoitia votaron por amparar, pero para efectos, porque consideraban que las violaciones procesales no eran suficientes para liberarlos, sino sólo para dejar de lado las pruebas ilícitas y después se dictara una nueva sentencia.

Ante el inminente retiro de Ortiz Mayagoita y con la esperanza de que el nuevo ministro (Gutiérrez Ortiz Mena) asumiera una actitud más avanzada en favor del pleno respeto al debido proceso, trascendió, los ministros que estaban en minoría solicitaron postergar los asuntos.

Fuentes judiciales comentaron que si bien los asuntos presentan situaciones jurídicas diferentes a las del caso Cassez, más allá de tecnicismos lo que alegan es que sus garantíashumanas fueron violadas en un proceso legal viciado de origen y que ante esa ilegalidad lo que procede es anular todo el proceso.

En caso de que la Corte les concediera la libertad inmediata, añadieron, ello no implicaría la absolución de los beneficiados. Simplemente, que el proceso en su contra es nulo desde sus orígenes y la liberación de los procesados por los delitos que les imputan en cada causa concreta.