Morelia, Mich., 24 de enero. El gobernador Fausto Vallejo Figueroa admitió que el crimen organizado se ha infiltrado en gobiernos municipales, lo que no es nuevo y tienen que investigar las autoridades correspondientes.

El mandatario declaró lo anterior este jueves, durante una reunión con la titular de la Secretaría de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, a la que acudieron 24 secretarios estatales del ramo y cinco gobernadores, en el ex convento de Tzintzuntzan.

Vallejo Figueroa dijo estar de acuerdo en que la senadora panista Luisa María Cocoa Calderón Hinojosa presente una denuncia ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), por las presuntas amenazas de la delincuencia organizada a presidentes municipales panistas.

Todo mundo sabe que hay municipios de la entidad donde ha penetrado el crimen y donde diferentes sectores de la población han sido atemorizados, indicó Fausto Vallejo, quien sostuvo que la situación es delicada y su gobierno está atento para ayudar a combatir la violencia que azota a casi todo el país.

En diciembre de 2009 renunció junto con todos los miembros del ayuntamiento el alcalde perredista de Tancítaro, José Trinidad Meza Sánchez, por amenazas de criminales. Semanas después, el Congreso local nombró un concejo ciudadano encabezado por Gustavo Sánchez Cervantes, quien fue asesinado el 27 de septiembre de 2010 junto con el secretario, Rafael Equihua.

Ahora el panista Salvador Torres Mora está al frente de la alcaldía de Tancítaro, y el miércoles aseguró que, al contrario de las declaraciones de Luisa María Calderón, él no ha recibido amenazas, no le han pedido cuota ni han intentado extorsionarlo.

En Cherán, el pueblo se enfrentó a talamontes en abril de 2011 y se atrincheró para defenderse de las bandas delictivas, pero además despidió a los policías y desconoció al alcalde Roberto Bautista, a quien los comuneros acusaban de proteger a los criminales. Asimismo, la ex alcaldesa de Tiquicheo, María Santos Gorrostieta Salazar, fue víctima de dos atentados, el 15 de octubre de 2009 y el 24 de enero de 2010, y finalmente fue asesinada el 29 de noviembre de 2012. Autoridades judiciales indicaron que Gorrostieta Salazar fue víctima del crimen organizado.

Aunque no han presentado denuncias formales, alcaldes y ex alcaldes de Tzitzio, Buenavista, Aquila y Coahuayana, entre otros de las regiones de la Tierra Caliente y la Costa, han declararon a medios regionales que han sido amenazados por la delincuencia para exigirles cuotas.

Hace unos días, Luisa María Calderón aseguró que alcaldes de varios municipios gobernados por el Partido Acción Nacional (PAN) fueron citados en oficinas de la Confederación Nacional Campesina y del Frente Juvenil Revolucionario (organizaciones priístas) para ser extorsionados por grupos delictivos. Al final de las campañas por la gubernatura, que perdió ante el priísta Fausto Vallejo en noviembre de 2011, la hermana del ex presidente Felipe Calderón acusó a priístas de estar vinculados con la delincuencia.

En tanto, el diputado priísta Noé Omar Bernardino Vargas afirmó que sólo un alcalde panista ha denunciado amenazas del crimen organizado (Octavio Aburto Inclán, de Tacámbaro), pero el PAN pretende revivir un tema que dejó muy mal parado a Felipe Calderón.