Por vez primera en casi dos años de conflicto, la rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), María Esther Orozco Orozco, dejó abierta la posibilidad de dejar el cargo, cuando durante todo ese tiempo afirmó que no dejaría la rectoría de esa casa de estudios.

En conferencia de prensa fue cuestionada: ¿sostiene que no renunciará? Manifestó: “Si yo fuera el problema –voy a hacer un cambio en lo que he dicho– y hubiera un proyecto de educación, un proyecto académico para la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que la llevara a ser realmente una institución del nivel que la ciudad necesita y no sea coto político, entonces yo me reuniría con el Consejo Universitario y le plantearía, para discutir en su seno, las posibilidades, las ventajas y desventajas de que yo permanezca o me retire”.

Al presentar un programa de becas para alumnos afectados por el cierre de planteles, la funcionaria dijo que está en la UACM por defender un proyecto educativo; no es una chamba ni un espacio político para mí, señaló tras defender también la legalidad del Consejo Universitario instalado el pasado 22 de agosto, cuyos integrantes son afines a ella, entre ellos personas que no son reconocidos como parte de ese órgano en los acuerdos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Por otra parte, el tercer Consejo Universitario legalmente constituido el pasado 29 de noviembre aprobó crear un reglamento de sanciones a funcionarios de la universidad que no cumplan con sus funciones, caigan en desacato o cometan irregularidades en su gestión, el cual abre la puerta a un proceso de revocación contra la rectora y otros funcionarios de la institución.

De esta manera, se puede presentar a la Comisión de Organización del CU la solicitud para separar del cargo a Orozco, y, una vez aceptada la petición se informará al imputado para comenzar el procedimiento, que deberá ser resuelto en cinco días, con derecho a un proceso de revisión con duración de 15 días máximo.

En cuanto al programa de becas, éste pretende beneficiar a más de 3 mil estudiantes afectados por el paro de actividades en esa casa de estudios, que considera la entrega de 800 pesos mensuales para alimentos y transporte, con el propósito de evitar la deserción de alumnos.

Según las autoridades universitarias, se calcula que 5 mil estudiantes abandonarán sus estudios, lo que equivale a 30 por ciento de la matrícula. Aunque los consejeros universitarios críticos a la gestión de la rectora Esther Orozco afirmaron que en lo que va del conflicto sólo han desertado 150 alumnos.

Sobre las normas de convivencia que pretende imponer en la institución de educación superior que encabeza, Orozco afirmó que no pretende criminalizar los movimientos estudiantiles, a los cuales, dijo, tengo un gran respeto, siempre que tengan objetivos claros y se hagan las protestas por el camino adecuado y no se insulte, no se ofenda, no se golpee a la institución y sus bienes.