Organizaciones civiles presentaron la iniciativa ciudadana Libre Internet para todos, la cual plantea que el acceso a la red sea un derecho constitucional y un deber del Estado proveer el servicio de manera gratuita.

El proyecto contempla el uso de los 21 mil kilómetros de cableado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la infraestructura de dependencias federales y locales, así como una inversión de 30 mil millones de pesos. La meta es que en 2016 haya cobertura para 90 por ciento de la población.

En conferencia de prensa, resaltaron el papel de Internet como herramienta para acceder a otras garantías fundamentales, como la libertad de expresión y el acceso a la información y al conocimiento, además, la Organización de las Naciones Unidas ha reconocido el acceso a la red como un derecho humano.

“El acceso a Internet es un asunto de justicia social en un país desigual. La iniciativa tiene un cuándo, un cómo y un costo concreto –menor al de la Estela de Luz– y esperamos que sea prioridad en el periodo de sesiones en el Congreso”, señaló el abogado Jesús Robles Maloof.

Daniel Gershenson, de Al Consumidor, apuntó que los ciudadanos seguimos siendo los grandes ausentes en las decisiones nacionales: tenemos voto, pero no voz, y que una vez que exista este servicio en todos los rincones del país la relación simétrica entre gobierno y gobernados se verá fortalecida.

Emilio Saldaña, de A Digital, afirmó que es factible utilizar la red de CFE, “particularmente el espacio denominado ‘blanco’, a través del cual se compartiría Internet, cuya característica es que no es concesionable, no es comercial y jamás va a serlo”.

De los requerimientos presupuestales explicó: estamos retomando el corazón de las propuestas consideradas en el Pacto por México respecto de Internet y la brecha digital, no sólo porque éste ya es un documento oficial, sino porque varias de estas iniciativas bajan al Plan Nacional de Desarrollo, lo que ya estaba contemplado.

Los promotores anunciaron que habrá una jornada nacional el 26 y 27 de enero para recabar las 105 mil firmas autógrafas necesarias para avalar la propuesta que se presentará el primero de febrero en el Congreso.