Luego de que este lunes se difundió información de que el abogado general de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), José de Jesús Izquierdo, presentó una denuncia penal por la sustracción de material de imprenta en contra de cuatro estudiantes y cuatro profesores, el consejo del plantel Del Valle y consejeros universitarios denunciaron la persecución política y campaña de desprestigio a la que están siendo sujetos por la administración de Esther Orozco.

En conferencia de prensa, los académicos Ana María Sacristán, Mónica Sarnari, Alejandro Moreno y Juan Manuel Contreras presentaron un acta de lo sucedido el pasado 17 de enero, firmada por el coordinador y consejeros del plantel ubicado en la colonia Del Valle, y rechazaron que se hubiera suscitado cualquier enfrentamiento o acto de violencia.

Al leer una misiva, aseveraron que con esta denuncia sin fundamento se encuentran ante un problema de persecución y una campaña de amedrentamiento que sólo entorpece la vida académica y agudiza el conflicto en la universidad.

Por lo anterior, descalificar y perseguir no abona a la solución del conflicto; lo agrava y dificulta el camino, señaló Ana María Sacristán, secretaria técnica del consejo del plantel Del Valle.

Explicó que como autoridades locales elegidas en las urnas se presentaron ese jueves a testificar sobre los hechos, para mediar en la situación y que prevalezca el diálogo entre las partes, pues había gran descontento por la reimpresión de un reglamento que pretende imponer la rectoría a toda la comunidad universitaria a partir de un acuerdo de los consejeros que se reúnen con Esther Orozco al margen de la legalidad y del Consejo Universitario instituido el 29 de noviembre en el Museo de la Ciudad de México.

Ante esa situación, las acciones del abogado general de la UACM, expusieron, “denotan incumplimiento y negligencia de su cargo, por lo que consideraron que el tercer Consejo Universitario debe revisar de manera cuidadosa la actuación del funcionario, y de considerarlo procedente, le revoque el cargo.

Subrayaron que a los únicos académicos y estudiantes que se criminaliza es a los que han participado en la indignación que nos ha provocado la situación de no acatar los designios del Consejo Universitario, por lo que hicieron un llamado a la autoridad central para que siga la vía de la normatividad y vaya por el respeto institucional.

La impresión de esos materiales, que fueron puestos bajo resguardo de los integrantes del Consejo Estudiantil de Lucha (CEL), el pasado 17 de enero, y que, expusieron, entregarán al Consejo Universitario, es un punto de conflicto, pues incluyen boletines que atentan contra los derechos humanos y son disposiciones claramente coercitivas que vulneran la pluralidad y la libertad de expresión.

El día de los hechos, detallaron, hubo todo un proceso de protesta, de diálogo, incluso de negociación estando presentes la contralora Verónica Cuenca Linares y el secretario general de la universidad, Jesús Fandiño.