El Instituto Federal Electoral (IFE) discutirá mañana una decena de quejas relacionadas con presuntas irregularidades en el financiamiento de la pasada campaña presidencial del PRI-PVEM, entre las que destacan el caso Monex y el presunto rebase de topes de campaña. En ambas, se prevé que los proyectos las considerarán infundadas, aunque del conjunto de quejas se concluye que 215 millones de pesos de erogaciones comprobadas de esos partidos deben computarse como gastos de campaña.

En el caso de los monederos electrónicos de Monex, el dictamen de la Unidad de Fiscalización (UF) justifica el entramado de operaciones que involucra a empresas, a partir de un contrato del PRI con la firma Alkino por 66 millones de pesos, del cual concluye que no hubo irregularidades. Sólo hace una salvedad sobre lo planteado por el PRI: esa erogación no debe considerarse gasto ordinario, como dice el partido, sino de campaña.

Acorde con las disposiciones de fiscalización, los 215 millones se prorratearán entre las tres campañas federales que hubo en 2012 –presidencial, senadores y diputados– para determinar, en su caso (cuando el IFE revise el informe de gastos de la campaña presidencial del PRI, la semana próxima), si rebasaron los topes de gastos de campaña. Por lo pronto, en la queja sobre rebase, la UF concluye que esa irregularidad no se acreditó con las pruebas aportadas.

De las pesquisas sobre el resto de las quejas, sólo se desprenden multas al PRI por irregularidades menores a 2 millones de pesos y al PVEM por 520 mil. En el IFE se conoció que los recursos promovidos contra el Movimiento Progresista, relacionados con la organización Honestidad Valiente, se discutirá el 30 de enero, fecha de aprobación de los informes de gastos de campaña presidencial.

La UF justifica el dictamen de Monex en más de 670 diligencias relacionadas con lo que el movimiento consideró que se distribuyeron 700 millones de pesos en la campaña de Enrique Peña Nieto. En el documento se señala que las 9 mil 224 tarjetas de prepago reconocidas por el PRI forman parte de un contrato con Alkino Servicios y Calidad, con recursos disponibles por 66.3 millones de pesos que fueron usados para reforzar la estructura del partido y cubrir pago de prestaciones.

Según la UF, Alkino no contrató directamente con Monex, sino que solicitó un préstamo a comercializadora Atama por 66.3 millones de pesos que sería recibido en tarjetas de prepago. Alkino forma parte del Grupo Inizzio, que tenía una cuenta en Banca Monex, por lo que este grupo obtuvo las tarjetas de prepago, lo que se posibilitó porque forman parte de la misma firma. El PRI remitió copias de las aportaciones para fondear esos recursos para las tarjetas que le sirvieron para la dispersión de recursos.

A la denuncia del movimiento sobre participación de otras ocho empresas o personas físicas como aportantes ilegales a la campaña de Peña, la UF justifica que las operaciones que vinculan a empresas como Koleos o Grupo Tiguán no fueron aportaciones ilícitas a la campaña de Peña, pues los recursos fondeados a la cuenta de Banca Monex tuvieron como origen el cumplimiento de relaciones mercantiles y civiles con Comercializadora Atama y no con el PRI.

Por ello concluye que no obran en el expediente elementos de prueba que arrojen operaciones ilícitas para el pago de servicios, en virtud de los cuales el PRI adquirió tarjetas de prepago.

Agrega que estas tarjetas fueron usadas para pagar representantes generales el día de la elección, enlaces estatales y distritales, así como coordinadores territoriales, por lo que se trató de gastos de campaña. Sin embargo, para este efecto sólo se acreditan 50 millones a escala federal, pues los 16 restantes corresponden a campañas locales.

Otra queja sobre presunto rebase de topes de campaña por unos mil 892 millones de pesos –que incluyen transportación, promocionales en cines, propaganda en estadios y transporte público, espectaculares, tarjetas telefónicas con publicidad, propaganda utilitaria, Internet y redes sociales– también se considera infundada.

El desglose de la UF a partir de requerimientos a las empresas relacionadas, señala que tan sólo en transporte aéreo se erogaron 17.7 millones de pesos; en promocionales en cines, 20.2 millones; espectaculares, 38.1 mllones; Internet, 5 millones; transporte público, 9.5 millones. En total, el IFE acreditó 141.2 millones de pesos como gastos de propaganda electoral.

En los conceptos denunciados por los quejosos ha quedado acreditada la debida contratación y pago de la propaganda electoral y los gastos operativos de campaña materia del procedimiento, pero no se advierte un gasto excesivo.

Sin embargo, la UF agrega que al quedar acreditado fehacientemente que se realizaron esos gastos y toda vez que la queja versó sobre si hubo rebase de topes de campaña, con los gastos acreditados se colige que los 141.2 millones de pesos acreditados deberán tomarse en cuenta en los gastos de campaña para efectos de verificar si se respetó el tope.