El proceso de reformar la Ley General de Víctimas pasa por aspectos tanto de forma como de estructura, entre los cuales figura su presupuesto, las medidas de protección que puede brindar y las responsabilidades exactas de cada nivel de autoridad, y estará prácticamente terminado para el 8 de febrero, cuando entre en vigor la nueva norma, señalaron especialistas cercanos al tema.

Al mismo tiempo, la Unión Europea (UE) se congratuló por la aprobación de la ley e instó a las autoridades mexicanas a tomar las medidas necesarias para garantizar su aplicación efectiva para que los ciudadanos gocen de sus beneficios.

Carla Michel Salas, integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, resaltó que la ley en sí misma es toda una revolución en el sistema jurídico mexicano para hacer frente a la magnitud de la tragedia humanitaria del país, pero admitió que hay varios puntos susceptibles de mejora.

El primero de ellos es el lenguaje exclusivamente masculino con el cual está redactada la legislación, pero también la estructura de la misma, pues todavía hay algunos huecos que pueden obstaculizar su puesta en marcha.

Hace falta especificar qué acciones le corresponden a cada nivel de gobierno, porque el riesgo de no hacerlo no es duplicar funciones, sino más bien que nadie se haga cargo de nada. También hay que precisar cuáles son los derechos y obligaciones de las víctimas, para que ellas puedan tener acceso a un documento de fácil lectura, didáctico, donde se les explique qué pueden exigir, afirmó.

De igual manera, habría que promover una reforma del artículo 73 constitucional para que el Congreso tenga atribuciones para emitir leyes generales; definir los criterios y el presupuesto de los actos de reparación del daño; revisar cómo se aplican las medidas de protección para individuos y para comunidades enteras, y evitar cualquier tipo de condicionamiento para la ayuda.

El objetivo es hacer operativa la ley, pero sin quitarle su esencia. Nuestra base es lo que ya está publicado, y a partir de ahí movernos para adelante, nunca para atrás, subrayó.

Inciativa preferente

Julio Hernández Barros, abogado especialista en el tema, recordó por su parte que este proceso se ha llevado a cabo en coordinación con diversos integrantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y aseguró que está casi terminado. Este fin de semana se alcanzaría un acuerdo y podría presentarse como iniciativa preferente el primero de febrero, cuando inicie el periodo ordinario de sesiones del Congreso, o bien como una iniciativa de consenso de la dos cámaras.

El litigante enfatizó que los tiempos marchan bien y hay voluntad política. En este momento la ley es aplicable y constitucional, pero con las reformas la haremos mejor. No sólo es mi opinión, sino también la de la enorme mayoría de los legisladores.

Por su parte, la delegación de la UE en México emitió un breve comunicado en el que saludó la aprobación de la ley y felicitó al presidente Peña Nieto por su publicación y llamó a las autoridades de todos los niveles a tomar las medidas necesarias para garantizar una aplicación efectiva de sus conceptos fundamentales, con el fin de que los ciudadanos mexicanos gocen de sus beneficios.

Organizaciones y ciudadanos haremos que sea letra viva, aseguró Silvano Cantú

Carolina Gómez Mena

Los ciudadanos y organizaciones civiles que promovieron la Ley General de Víctimas vamos a hacer que sea letra viva, aseguró Silvano Cantú, coautor de la citada legislación, quien añadió que con esa finalidad promueven reformas –para detallar algunos aspectos– que solicitarán sean presentadas al Congreso por el Ejecutivo como iniciativas preferentes.

En entrevista con La Jornada, durante la realización de una mesa de discusión sobre el tema en las instalaciones de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), el también vocero del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) detalló que las precisiones giran en torno a las indemnizaciones subsidiarias y al adelgazamiento del sistema nacional de víctimas, una estructura que ahora consta de más de 3 mil personas y la idea es reducirlo a menos de 100, pero destacó que ello no afectará a la representación victimal.

No hay deficiencias de fondo

Apuntó que los cambios que proponen y que discuten actualmente con el Congreso y el gobierno federal son para que sea una ley mejor de lo que ya es, no consideramos que haya deficiencias de fondo, son más bien cambios de forma y en cuanto a las críticas que algunos sectores han hecho a la ley el abogado experto en derechos humanos dijo que éstas no tienen fundamento, son fruto de la desinformación y probablemente algunas están inspiradas en el cálculo político.

Especificó que entre las reformas está la reducción del número de integrantes del Sistema Nacional de Víctimas: la propuesta es eliminar la presencia física de todos los alcaldes, gobernadores y miembros del gabinete que no son estrictamente necesarios, pero sí dejar una representación de estos sectores.

Acotó que nuestro principio irreductible es que no se limite en calidad ni en cantidad la representación victimal, seguirán teniendo la misma calidad de voz y voto en las decisiones del sistema nacional.

El otro aspecto apunta a efectuar precisiones al pago de indemnizaciones subsidiarias.

Frente a la consideración de algunos sectores que indican que la ley pudiera ser muy permisiva en temas presupuestales o que puede ser incluso insostenible dijo que el movimiento propone que las indeminizaciones sean proporcionales al daño causado.

La indemnización subsidiaria ocurre cuando el responsable del delito no tiene para pagarla, no es ubicado o está impedido para reparar el daño y el Estado paga a la víctima; remarcó que la legislación fija una cantidad tope de indemnización.