Tlaxcala, Tlax., 16 de enero. Agremiados a la sección 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y a otras dos organizaciones magisteriales marcharon por las principales calles de esta capital y realizaron un mitin frente al Congreso local contra las reformas a la Ley de Pensiones Civiles del Estado, aprobadas el 31 de diciembre por los diputados priístas y otros afines al gobierno de Mariano González Zarur.

La protesta, en la que participaron unos 6 mil trabajadores (según líderes sindicales), provocó caos vial y al menos 70 policías de tránsito debieron cerrar los principales accesos al centro histórico durante hora y media, mientras el contingente se dirigía a la sede del Poder Legislativo. Además, alrededor de 180 mil alumnos de educación básica se quedaron sin clases.

El secretario general de la sección 55 del SNTE, Armando Ramos Flores, denunció represión de autoridades estatales contra sus representados, pues les advirtieron que personal de la contraloría interna de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala y del Órgano de Fiscalización Superior acudiría a los planteles a verificar que los docentes estuvieran laborando.

Las reformas a la Ley de Pensiones Civiles de Tlaxcala fueron aprobadas por 18 de los 32 diputados de la 60 Legislatura la noche del 31 de diciembre y publicadas en el Periódico Oficial del gobierno del estado el primero de enero.

Los inconformes advirtieron que el 7 de julio, cuando se renovarán 60 alcaldías y el Congreso local, votarán contra el Partido Revolucionario Institucional.

Uno de los principales objetivos de la enmienda es evitar el colapso financiero de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala (PCET). Sin embargo, Ramos Flores considera que las reformas afectan derechos de los trabajadores de la educación y eliminan prestaciones que han otorgado anteriores gobiernos locales a servidores en activo y a jubilados,

Entre las reformas que el SNTE considera lesivas está la eliminación de incrementos a las pensiones de profesores jubilados y pensionados en la misma proporción que a los trabajadores en activo; además, desaparecen el derecho a 52 días extras de aguinaldo y la quincena adicional que recibían con motivo del Día del Maestro.

Los trabajadores en activo consideran que la reforma los deja indefensos, pues no estipula los requisitos para jubilarse y deja esta facultad al criterio del director de pensiones.

Además, fija un salario pensionable (promedio de los sueldos bases de los últimos cinco años de vida activa) y estipula que cualquier prestación vencida y no cobrada a cargo del fondo de pensiones prescribe en cinco años.