En la delegación Miguel Hidalgo se declaró la guerra al comercio ambulante y a la corrupción.

El titular de la demarcación, Víctor Hugo Romo, afirmó que no habrá permisos de instalación de puestos en la vía pública y se aplicará mano dura contra todos los que violen la ley, incluyendo funcionarios de cualquier nivel.

Luego de denunciar un nuevo caso de corrupción –que involucra a un empleado de la demarcación del área de vía pública–, Romo, acompañado por el director de Gobierno, David Razú, y el fiscal de investigaciones en Miguel Hidalgo de la Procuraduría General de Justicia capitalina, Néstor Noé Camacho, señaló que un trabajador de base con más de 10 años de antigüedad se dedicaba a pasar la charola a los comerciantes instalados ilegalmente en la vía pública, para que no se les molestara.

Sin embargo –dijo–, tras una denuncia ciudadana, el sujeto, cuyo nombre no se dio a conocer, pues entorpecería las investigaciones, fue puesto a disposición de las autoridades acusado de extorsión, y podría alcanzar una pena hasta de siete años de prisión, ya que ser servidor público es una condición que convierte el delito en grave, explicó el delegado.

La detención del funcionario público se llevó a cabo el pasado día 12, y el lunes fue puesto a disposición del juez, quien en las próximas horas deberá decretar el proceso penal que se seguirá en su contra, por solicitar dinero a comerciantes en vía pública a cambio de no molestarles en sus actividades.

Las autoridades delegacionales subrayaron que no aceptarán que “la corrupción, el cohecho y la charola sean una tradición y una forma de hacer las cosas en las delegaciones”, por lo que aprovecharon para mandar un mensaje a los comerciantes de Miguel Hidalgo: “aquí la charola se acabó; cualquier persona que sea sorprendida o denunciada por prácticas de este tipo enfrentará a las instituciones de justicia, con las que coadyuvaremos para garantizar la erradicación de toda corrupción en esta o cualquier otra materia de la actividad institucional”.

En Miguel Hidalgo –aseveró David Razú– vamos a meter al orden y la legalidad el trabajo en vía pública. Asimismo, aclaró que “no hay un planteamiento o visión contra el comercio en vía pública, pues es tan digno como cualquier otro, pero tienen que trabajar en la legalidad.

Añadió que en la demarcación hay alrededor de 10 mil puestos irregulares o en franca ilegalidad, por ello el trabajo que queda por hacer es mucho.

Detalló que todos los días quitamos puestos ilegales, aunque también a diario lleguen a sustituirlos o a ponerse otros.

Aseguró que el objetivo es erradicar la práctica del comercio ilegal, y se seguirá trabajando al respecto.

Riesgo para la seguridad de los ciudadanos

Reiteró que el comercio informal no es sólo un problema de obstrucción de las calles, sino también de riesgos para los habitantes, toda vez que la mayoría de las veces los puestos no cuentan con normas adecuadas de protección civil.

Ya hemos tenido puestos que han estallado por tener tanques de gas más grandes de lo permitido; hay derrame de grasa a las coladeras, lo cual hace un daño tremendo al sistema de drenaje, abundó.

Ante esta situación, Víctor Hugo Romo advirtió que se tendrá mano dura, pues sólo así vamos a generar ejemplo; hoy este hecho debe llegar a todos los ciudadanos, pero también a los funcionarios de todos los niveles. El que se pase de la raya estará tras las rejas, advirtió.