El Instituto Federal Electoral (IFE) ha entrado en la recta final de la fiscalización de los gastos de campaña de las elecciones presidenciales de julio pasado.

Se espera que en las próximas semanas el Consejo General desahogue las principales quejas relacionadas con presunto financiamiento ilícito, en una primera sesión, y que en otra se revisen los informes de gastos de campaña para la Presidencia que coaliciones y partidos presentaron en octubre pasado.

El consejero electoral Francisco Guerrero adelantó que si en algún momento del desahogo de las quejas, que realiza la unidad de fiscalización para someterlo al Consejo General, se detectan irregularidades financieras, resultarían afectados los informes de gastos de campaña.

Mencionó que se prevé que las sesiones se realicen el 23 y el 30 de enero. Con ello prácticamente concluiríamos toda la parte litigiosa de 2012, para que el IFE se concentre en las campañas locales de 2013, añadió.

El consejero Alfredo Figueroa destacó que la unidad de fiscalización ha trabajado en consonancia con el acuerdo del Consejo General, que en su momento determinó adelantar casi seis meses la revisión de los gastos de las campañas presidenciales.

Explicó que todo lo vinculado con los ingresos y egresos de las campañas se revisa por la unidad de fiscalización, pero dejó claro que eventualmente quedarían pendientes algunos otros recursos relacionados con la presunta compra y coacción del voto, cuyo procesamiento corre por otra vía del IFE, si bien precisó que algunas de esas quejas ya han sido resueltas por el IFE e incluso confirmadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Por lo pronto, este lunes el responsable de la unidad de fiscalización, Alfredo Cristalinas, se reunió con los nueve consejeros electorales para explicarles la ruta final para la resolución de quejas y la aprobación de informes de gastos de campaña.

Al abundar sobre las posibles consecuencias de irregularidades en el financiamiento de las campañas o el rebase de topes de campaña, Figueroa recordó que bajo el modelo de fiscalización vigente en México, aunque se comprobasen hechos ilícitos, no tendría como consecuencia remover de su encargo a quienes hayan resultado electos en la pasada elección federal.

En su caso, podrían imponerse multas o sanciones a los partidos políticos, pero sin consecuencia en el ejercicio de gobierno.

Precisó que los informes de los gastos de campaña correspondientes a las elecciones de senadores y diputados quedarán pendientes y se resolverán en unos meses, tal como lo dispone la legislación electoral, toda vez que no fueron motivo del acuerdo del Consejo General, para adelantar la fiscalización que quedó circunscrita sólo a la elección presidencial.

De acuerdo con el consejero electoral, es claro que se requieren reformas en el ámbito de la fiscalización, a efecto de hacer vinculantes las irregularidades financieras con la calificación de los comicios y que haya mayor consecuencia. Sin embargo, es un tema que deberá discutirse en el Congreso.