Especialistas en derecho consideraron un paliativo la recién publicada Ley General de Víctimas, aunque señalaron que se trata de una norma constitucional. Afirmaron que el hecho de que la realidad nacional demande una ley de este tipo, demuestra lo mal que anda el país en cuanto al ejercicio pleno de sus garantías por los ciudadanos.

Investigadores de las universidades Nacional Autónoma de México y Autónoma Metropolitana, apuntaron, en entrevistas por separado que la nueva normatividad cuenta con una base constitucional, pero al ser un marco jurídico para atender a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, se debe incluir que no sólo son víctimas los ciudadanos inocentes que fallecieron por estar en el lugar y momentos equivocados, sino todos aquellos que han muerto en cualquiera de los bandos.

Ramiro Bautista Rosas, catedrático del Departamento de Derecho de la UAM-Azcapotzalco, destacó que en la aplicación de la Ley General de Víctimas se deberá tener un espectro amplio en sus objetivos, porque muchos de nuestros jóvenes de escasos recursos han incurrido en actividades ilícitas porque no hay más alternativas, y son víctimas también.

El gobierno federal cuando inició la guerra contra el narcotráfico, explicó, privilegió a algunos bandos y se olvido de su responsabilidad social. Hoy tenemos una ley, perfectible y que seguramente deberá ser mejorada, que busca atender y ayudar a las familias de quienes han sido víctimas inocentes de esta violencia, pero también es una norma que podría dar cabida a que se cuelen muchos casos que no están estrictamente ubicados en este contexto, y por tanto podría resultar muy cara para el Estado.

En cuanto a la constitucionalidad de este nuevo marco jurídico, César Astudillo, profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, aseguró que la norma cumple los requisitos. Me parece que sí hay una base constitucional. En el artículo primero encontraríamos fundamento suficiente, pues hay que recordar que es una ley de derechos hacia las víctimas. El artículo habla de la necesidad de que el Estado mexicano como entidad general garantice, proteja, promueva y respete los derechos humanos y también prevenga, investigue, sancione y repare sus violaciones, apuntó.

Sobre el argumento esgrimido por los detractores de dicha norma, en el sentido de que ésta no es constitucional porque para expedir una ley general el Congreso debería tener una atribución expresa en el artículo 73 de la Constitución –donde se señalan sus facultades– consideró que es una apreciación incorrecta porque no todas las capacidades legislativas del Congreso se encuentran consensuadas en ese artículo.

Al respecto, María Teresa Ambrosio, también investigadora del IIJ, señaló que el antecedente más remoto de esta ley data de 1969, cuando en el estado de México se crea la primera Ley de Víctimas en el mundo.