Un triángulo de impunidad persiste en la operación de casinos irregulares en el país. Aun cuando existen varias denuncias interpuestas en las secretarías de Gobernación y de la Función Pública (SFP), así como en la Procuraduría General de la República, no hay ningún detenido o funcionario consignado o sancionado.

En la PGR –informaron fuentes consultadas– no hay registro de denuncia alguna presentada por la Función Pública relacionada con juegos y sorteos. Es decir, las indagatorias administrativas –presentadas en 2011 y 2012– habrían sido deliberadamente suspendidas o demoradas, toda vez que hasta ahora no hay reporte de eventuales avances.

El 9 de junio de 2011, la SFP dijo que empezó una auditoría a la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos de Gobernación; según la falta de reportes al respecto, el caso seguiría como lo reportaron entonces: en curso.

Tampoco hay noticias de las denuncias presentadas en septiembre de 2011 por el equipo de Alejandro Poiré, entonces titular de Gobernación, luego del incendio del casino Royale, en Monterrey, que puso al descubierto la expedición irregular de permisos. Dichas denuncias ante la PGR fueron contra ex funcionarios de Gobernación –tanto de la administración foxista como de la calderonista– por uso indebido de atribuciones y facultades; otra por juego ilegal y una más ante la SFP.

En la nueva administración de Enrique Peña Nieto, funcionarios consultados afirmaron que en los próximos días la PGR reactivará los expedientes, cuyo eje es la expedición de permisos falsos, sobornos y extorsiones.

La integración de expedientes acerca de este ojo del huracán está siendo una tarea complicada por la falta de un orden documental de los procesos, dijo la nueva titular de la Dirección de Juegos y Sorteos, Marcela González Salas (La Jornada, 12/01/ 13).

Hasta ahora, los funcionarios han podido clarificar un primer detalle: la última tanda de permisos (a Juan Iván Peña Neder) no fue autorizada –como se ha dicho– en el último minuto del sexenio calderonista, sino cuatro meses antes, en julio de 2012.

Entre los expedientes de los que deberá dar cuenta la PGR se encuentra el de la denuncia presentada en mayo de 2011 por la entonces diputada federal Lizbeth García Coronado (PRD), quien emitió una alerta, tanto en las denuncias ante el Ministerio Público y en Gobernación como en los medios de comunicación, acerca de la proliferación del juego ilegal y de los posibles nexos con actividades de la delincuencia organizada, como el lavado de dinero.

No hubo respuesta oficial a las acusaciones de la joven legisladora, aunque todos recordaron sus dichos cuando ocurrió el incendio en el Royale, a manos de sicarios, en represalia porque los propietarios se negaron a pagarles por derecho de piso.

También se supo entonces que en el inmueble no sólo había deficiencias en materia de protección civil, sino irregularidades que resultaron ser el hilo de la madeja de una cadena de ilícitos en los que estaban involucradas varias empresas, entre ellas Entretenimiento y Video de Cadereyta, a la que de manera irregular, otro permiso le cedió derechos.

Los mismos funcionarios que minimizaron las acusaciones de la diputada presentaron en septiembre de ese año –presionados por el escándalo del medio centenar de muertos en el Royale– un diagnóstico del sector y sendas denuncias administrativas y penales.

Las dos administraciones panistas (2000-2006 y 2006-2012) permitieron el crecimiento de los casinos. A su llegada al gobierno federal había 123, y al término de la administración de Vicente Fox la cuenta se disparó a 198.

Al final del sexenio de Felipe Calderón se reportó un recuento histórico de 27 permisos otorgados, de los que se desprenden 561 casinos; de estos, en septiembre de 2011 tenían aviso de apertura 318, aunque había luz verde para que el sector se expandiera con el resto, es decir, 243 locales más.