En los próximos días un tribunal unitario con sede en Guanajuato emitirá resoluciones en las que decidirá si tiene sustento el auto de formal prisión dictado en contra del general Tomás Ángeles Dauahare, ex subsecretario y aspirante a dirigir la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y también del general Roberto Dawe, o determina que alguno o ambos deben ser puestos en libertad.

La resolución judicial debía emitirse desde las primeras horas del viernes; sin embargo, fuentes del Poder Judicial de la Federación indicaron que la sobrecarga de trabajo provocará que el dictamen se dé a conocer la próxima semana.

Ángeles Dauahare y Dawe González, al igual que otro general, se encuentran acusados de cometer delitos contra la salud y delincuencia organizada, aunque en círculos militares se mantiene la hipótesis de que su aprehensión estuvo relacionada con la sucesión en la Sedena.

El general brigadier Roberto Dawe fue detenido en mayo de 2012, al igual que el divisionario en retiro Tomás Ángeles Dauahare, acusados de tener vínculos con el narcotráfico; posteriormente, el primero fue arraigado durante 90 días y luego se le dictó auto de formal prisión, por lo que fue remitido al penal de máxima seguridad de El Altiplano en el estado de México.

Este ha sido el primer proceso penal en la historia del país en el que tres generales del Ejército Mexicano (además de Dawe y Ángeles fue acusado el general Ricardo Escorcia Vargas) fueron acusados de colaborar con el crimen organizado.

El caso se inició oficialmente el pasado 15 de mayo, cuando los generales Ángeles, Dawe y Escorcia fueron trasladados de sus domicilios a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y luego entregados a la Siedo por integrantes de la Policía Judicial Federal Militar; dos días más tarde, la PGR les notificó que un juzgado federal había concedido su arraigo por 40 días, y el 25 de junio les informó que el plazo se ampliaba 40 días más.

Poco después de su detención, tanto los militares como sus familiares alegaron inocencia y dijeron que se fabricaron testimonios con ayuda de narcotraficantes que se convirtieron en testigos protegidos.

Durante la integración de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010, la dependencia validó testimonios anónimos que no resultaron ciertos, como que el general Ángeles Dauahare favoreció la venta de cocaína cuando fue director del Colegio Militar; y que sostuvo encuentros en el sur de la ciudad de México con Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, uno de los líderes del cártel de Sinaloa.

En el pliego de consignación de la PGR supuestamente existen testimonios que señalan que Ángeles Dauahare entabló negociaciones con miembros de Los Zetas.

Las imputaciones fueron hechas por los testigos protegidos identificados como Jennifer (cuyo nombre es Roberto López Nájera); Mateo (Sergio Barragán Villarreal, El Grande –operador del cártel Beltrán Leyva–), y La Barbie (Édgar Valdez Villarreal), entre otros.

La PGR acusó a los militares de delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos contra la salud, porque supuestamente apoyaron las actividades del cártel Beltrán Leyva.