rometida por Enrique Peña Nieto desde los no lejanos tiempos electorales, la reforma fiscal ha sido delineada por el gobierno federal, así sea en el discurso: quien genere más utilidades que pague más, algo por demás elemental, o, lo que es lo mismo, la esencia misma de la históricamente incumplida legislación vigente, esto es, equidad y más equidad a la hora no sólo de pagar impuestos, sino de cobrarlos y, sobre todo, de gastarlos.

Más allá de que en el camino se topará con no pocos escollos de parte del intocado gran capital, y del enredado concepto que de la política económica peñanietista hiciera en la clausura del Foro México 2013, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, explicó así de qué se trata: necesitamos una reforma fiscal, una reforma que le dé al Estado mexicano en su conjunto, no sólo al gobierno federal, sino también a los estados y los municipios, la capacidad financiera de cumplir con sus obligaciones para generar educación, salud, infraestructura; es decir, esta economía democratizadora de la productividad. Claro, una reforma que nos dé competitividad y que sea justa, en la que quien genere más utilidades pague más. Contribuir al gasto público es parte esencial de la definición de ciudadanía: quien tiene más tiene que contribuir más. A través de una reforma justa, hagamos de la política fiscal un instrumento de redistribución del ingreso y redistribución de la riqueza.

Antes de continuar con el tema fiscal, vale mencionar la reconceptualización, por llamarle así, del nuevo gobierno en torno a la política económica. Dijo Videgaray: ¿de qué se trata entonces la política económica? De democratizar la productividad. Tenemos que hacer una agenda de cambios, de reformas que sean democratizadoras de la productividad. Democratizar la productividad significa democratizar el capital humano. Pero no sólo eso: también se democratizarán la innovación, el acceso a la energía, el acceso a la tecnología de la información, el crédito, la posibilidad de emprender y las oportunidades económicas. Más nítido el aire (no el de la ciudad de México, desde luego), pero los habitantes de esta República de discursos agradecerán profundamente a quien sea tan amable de intentar explicar el democratizador galimatías del flamante secretario de Hacienda.

Por cierto, para no ir más lejos un ejemplo concreto de cómo se democratizan las cosas en México está en la reprivatización de la banca (1991-1992), cuando el entonces inquilino de Los Pinos, Carlos Salinas de Gortari, y su secretario de Hacienda, Pedro Aspe, informaron a los mexicanos que el objetivo de regresar las instituciones financieras a manos privadas no era otro que democratizar el capital financiero. Ya se conocen y se padecen las consecuencias de tan noble decisión, y a estas alturas alrededor de 85 por ciento del sistema de pagos que opera en el país está en manos extranjeras. Entonces, no es difícil entender cuál es la verdadera intención gubernamental en eso de democratizar el sector energético.

En fin, retomando el asunto fiscal, Videgaray anuncia como novedad aquello de que pague más quien obtenga más, pero en los hechos ese concepto no sólo está plasmado, sino validado por el Congreso, en la ley fiscal vigente (esto es antes de la reforma), aunque ha sido abiertamente incumplido por cuando menos los últimos siete inquilinos de Los Pinos (Peña Nieto sería el octavo en el turno), quienes por la libre flexibilizaron tal legislación para beneficiar al gran capital, en aras, según justificaron, de fomentar la creación de empleo formal y bien remunerado, el crecimiento económico sustentable y la distribución del ingreso. Más de cuatro décadas después, es obvio que nada de eso se cumplió, mientras los beneficiarios de tal decisión incrementaron sus fortunas como la espuma, y contando.

Pero independientemente de la democratización de productividad (y de todo lo demás) que anuncia Videgaray, lo cierto es que el Estado mexicano debe mejorar sustancialmente la recaudación fiscal, porque incluso en la perspectiva más amable (la considerada por la propia Secretaría de Hacienda) el escenario no es nada grato. Por ejemplo, para el periodo 2014-2018 la Secretaría de Hacienda estima que, sin modificaciones a la legislación actual, en términos generales los ingresos públicos se mantendrían en 21.4 por ciento del producto interno bruto, aunque con las siguientes alteraciones particulares: caída en el ingreso petrolero, al pasar de 7.3 a 6.9 por ciento del PIB e incremento en los ingresos tributarios de 9.7 a 10.2 por ciento del PIB.

La perspectiva, pues, es el mismo ingreso, pero con mayor población y creciente rezago histórico. En dicho periodo, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, los ingresos tributarios aumentarían medio punto porcentual del producto interno bruto; los petroleros caerían 0.4 puntos; y los no tributarios, al igual que el de los organismos y empresas del sector público, se mantendrían sin alteración alguna, no así el número de habitantes, las urgencias a resolver ni los rezagos a corregir.

Sobre este punto, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados apunta que en los últimos cinco años los principales cambios al marco tributario fueron los siguientes: con relación al ISR durante 2008 a 2009 la tasa se mantuvo en 28 por ciento, a partir de 2010 se incrementó a 30 por ciento; en adición a lo anterior, se limitaron algunas deducciones como el consumo a restaurantes y el tope para deducir automóviles; en materia de IVA, se eliminó la exención a los Repecos y se incrementó, temporalmente, la tasa un punto porcentual (de 15 a 16 por ciento) a partir de 2010; con relación al IEPS, se incrementaron las tasas en bebidas alcohólicas, cervezas y cigarros.

Además, se aprobaron nuevos gravámenes a juegos y sorteos en 2008 y telecomunicaciones en 2010. A partir de 2008 se incorporaron dos nuevos gravámenes: el IETU, que inició con una tasa de 16.5 por ciento para quedar en 17.5 por ciento a partir de 2010 y el IDE con una tasa impositiva de 2 por ciento (a partir de 25 mil pesos mensuales) y que a partir de 2010 se incrementó a 3 por ciento (a partir de 15 mil pesos). Así, durante el calderonato las modificaciones al sistema tributario fueron meramente recaudatorias, con mayor impacto entre quienes menos ganan.

Las rebanadas del pastel

Entonces, ninguna reforma fiscal será exitosa si, como es costumbre, se mantiene intocado al gran capital, por mucho que se democratice la productividad (lo que ello quiera decir), y se limite a proponer cargar el IVA a medicinas y alimentos.

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