as esperanzas y los temores en los avances o retrocesos de la intervención ciudadana en la vida pública del país tienen en lo que ocurre en la ciudad de México un referente fundamental. El Distrito Federal (DF) se ha caracterizado por realizar innovaciones que han sido posibles, no sólo por la voluntad del gobierno, sino gracias a la fuerte participación de las organizaciones de la sociedad civil. Algunos ejemplos así lo confirman.

Con el establecimiento de las bases para una política social innovadora, fundamentada en una concepción de derechos sociales universales, con participación ciudadana en todas sus etapas, desde el primer gobierno electo de la ciudad se generó el pacto con la ciudadanía, por medio de un consejo de desarrollo social, y sus contrapartes en las delegaciones. Esta perspectiva se reafirmó al independizar del gobierno, mediante un organismo ciudadanizado, la evaluación: el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del DF. La ciudad de México fue además la primera que contó en el mundo con un Programa de Derechos Humanos, que en 2011 se convirtió en ley, y cuyo quehacer se pretende que atraviese todas las políticas públicas. Es en consecuencia un programa no sólo de promoción, sino de garantía de los derechos humanos. Concebido e impulsado por organizaciones civiles, cuenta también con un mecanismo de seguimiento y evaluación para la interacción continua entre gobierno y sociedad.

Los intentos de incorporar al DF las experiencias de presupuestos participativos, para que los vecinos intervengan en las decisiones sobre las obras públicas en sus colonias, son, junto con los ejemplos anteriores, testimonios de que la ciudad de México es una entidad que ha aportado al país experiencias innovadoras sobre los beneficios de la participación ciudadana. Por logros como los anteriores es por lo que por cuarta vez la ciudadanía votó, con una amplia mayoría, por el partido que ha gobernado al DF desde 1997. En esta ocasión el candidato triunfador realizó un amplísimo número de encuestas para captar las demandas ciudadanas de obra pública en su hábitat inmediato. Sería sin embargo un doloroso equívoco que el nuevo gobierno supusiera que estos dos hechos son suficientes para refrendar el compromiso del gobierno con la ciudadanía. Por el contrario, para hacer efectiva la participación ciudadana, esa mayoría le obliga a continuar la obra innovadora en la ciudad.

Para lo cual hay que remontar obstáculos e inercias no sólo en la opinión, sino también en la decisión. Algunos asuntos preocupantes. Los instrumentos para la intervención ciudadana en la política social van quedando en el vacío. Ya son casi dos años que no se ha convocado el consejo de desarrollo social, y los correspondientes consejos delegacionales en algunos casos existen sólo de manera sólo formal, y en la mayoría de los casos ni eso. Se pretende además limitar la autonomía de los consejeros del consejo de evaluación del desarrollo social, supeditándolos a la lógica de la administración pública. No se le reconoce también al Comité de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos la función decisoria que la ley le asigna, con lo cual la administración pública pretende reducirlo a ser sólo un órgano deliberativo, sin acuerdos vinculantes. El presupuesto participativo se ha reducido incluso a priorizar en el gasto de entre cinco acciones de la oferta gubernamental, sin el diagnóstico participativo de las necesidades, y la presupuestación correspondiente para satisfacerlas. En todo esto hay, además de restricciones de voluntad política, un supuesto básico falso: que una vez que la sociedad la eligió, a la administración pública le corresponde el monopolio de las decisiones, mismas que la ciudadanía debe acatar pasivamente. Las inercias y la rutinización de las prácticas del gobierno pueden explicarnos, pero de ninguna manera justificarnos, estas situaciones, lejanas tanto de una actitud democrática como de la búsqueda de efectividad en el ejercicio de gobierno. Las tendencias internacionales así lo señalan. Conceptos como el de gobernanza nos hablan justamente de la acción de gobierno como resultado de la interacción de múltiples actores.

La evaluación independiente, realizada por órganos ciudadanos, se extiende a todos los ámbitos de la acción pública. Los derechos humanos no se quedan sólo en el terreno de la declaración, sino que requieren de órganos independientes que vigilen la efectividad de su garantía. La voz de los destinatarios de las políticas es ingrediente fundamental de sus diseños. Todo esto está en las leyes de la ciudad. Sólo hace falta cumplirlas. Sería por demás afortunado que en la elaboración del programa general de desarrollo del DF se establezca también como uno de sus ejes la participación ciudadana; se construyan los mecanismos que la hagan efectiva; se autonomicen los órganos a través de los cuales se realiza y se amplíen los espacios de su intervención. Esto no debe ser visto con temor por la administración pública. Es por el contrario ocasión para su legitimidad, acorde a los tiempos y a sus retos.

Si una vez electo el jefe de Gobierno no estableció el diálogo con organizaciones civiles, es deseable que en la elaboración del programa general de desarrollo se logre tan necesaria interlocución. Se trata al final de cuentas de preservar a la ciudad como un espacio de innovación democrática y de avanzada en el cumplimiento de los derechos humanos. Lo que requiere innovar en la relación entre el gobierno y la ciudadanía.