Ante una comunidad vecinal dividida, el Gobierno del Distrito Federal detonará de manera más agresiva, pero más regulada y más consensuada, el esquema de parquímetros en la ciudad de México con el propósito de reducir el número de vehículos en circulación y los problemas de tránsito, en por lo menos 14 zonas de mayor conflicto vial.

Una vez instrumentado el de Polanco, las autoridades buscan ampliar este programa con dos proyectos más en las colonias Anzures y en la Roma-Condesa, donde las posturas de los residentes son irreconciliables, pues mientras unos aseguran que se trata de un millonario negocio que sólo busca privatizar las calles de la ciudad, otros plantean que sí mejorará la movilidad de la zona y acabará con los llamados franeleros.

Rufino H. León Tovar, secretario de Transportes y Vialidad, explicó que con su instalación se busca un esquema de gestión de la movilidad, al regularse el estacionamiento, articular todos los servicios de transporte público y fomentar el uso de la bicicleta.

Los objetivos en el corto plazo, dijo, son mejorar la calidad de vida de las personas con la creación de más corredores de transporte concesionado, impulsar un esquema de coches compartidos y evitar congestiones causadas por los autos estacionados en lugares no autorizados.

Con esta postura coincide el coordinador de transporte público de la organización El Poder del Consumidor, Daniel Zamudio, quien señaló que los parquímetros son una buena herramienta para la recuperación del espacio público, reduce el tránsito, y acaba con la ocupación irregular de la vía pública de los franeleros y se invierte en la mejora del lugar.

Andrés Sañudo, consultor en parquímetros del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo México (ITDP, por sus siglas en inglés), explicó que en Polanco, su colocación redujo 78 por ciento la búsqueda de estacionamiento, lo cual significa una disminución anual de 80.8 kilómetros recorridos en automóvil.

Sin embargo, a pesar de estos resultados, no todos están de acuerdo con este programa denominado Ecoparq. La Red Ecologista Autónoma de la Cuenca de México se pronunció en contra de este esquema, pues privatizan la vía pública, fomenta el cambio de uso de suelo y la construcción de edificaciones mercantiles mayores.

Su presidente, Miguel Valencia, explicó que el cobro del estacionamiento en la vía pública no disminuye el uso del automóvil, ni mejora la vida del peatón o ciclista, sino complica los actuales defectos en la movilidad urbana y fortalece la corrupción gubernamental y empresaria, al tratarse de una medida clasista.

Esta visión es compartida por la Asociación por la Recuperación de la Roma-Condesa, una de las promotoras del no a la instalación de estos aparatos. Édgar Avilés, su representante, aseguró que el problema de fondo son los indiscriminados cambios de uso de suelo que permiten la aparición de negocios y oficinas en colonias ya saturadas.

La Oficialía Mayor otorgó el año pasado un Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR), por 10 años, a la empresa Operadora de Estacionamientos Bicentenario para la instalación, operación y mantenimiento de los parquímetros.

La colocación de los aparatos en la colonia Anzures está entrampada y hasta anoche se mantenían pláticas con los vecinos, que exigen una nueva consulta, mientras que en la Roma-Condesa, este ejercicio se realizará el próximo 20 de enero.