Comuneros de Urapicho, municipio de Paracho, Michoacán, retuvieron más de siete horas a 16 funcionarios locales, entre ellos el alcalde, Nicolás Zalapa Vargas, para exigir la presencia permanente de fuerzas federales y estatales en la zona, ante la amenaza de la delincuencia organizada.

Los habitantes de ese poblado purépecha exigieron la reinstalación de la base de operaciones mixtas (BOM) retirada el pasado miércoles sin motivo aparente. Señalaron que no sólo hay talamontes en la región de La Meseta, sino también otros criminales.

Los 16 servidores públicos de Paracho retenidos en la jefatura de tenencia fueron liberados luego que, según dijo Zalapa Vargas, el subdirector de Gobernación estatal, Fernando Cano, llegó a un acuerdo con ellos para que continúen los patrullajes militares y policiacos a cargo de los elementos destacamentados en las BOM de Cherán y Uruapan, quienes ampliarán su radio de acción.

Acordaron también que este viernes se reunirán en Morelia con el secretario general de Gobierno, Jesús Reyna García, para afinar detalles sobre la capacitación de policías locales y solicitar una patrulla que vigile este poblado y las localidades vecinas de Nurío y Cocucho.

Habitantes de Cherán y Ostula, entre otras comunidades, cansados de la tala de bosques, la delincuencia y la invasión de tierras, han organizado grupos de defensa.

En tanto, por quinto día consecutivo decenas de personas, la mayoría indígenas provenientes de los municipios de Tecoanapa, Florencio Villarreal, Copala y Cruz Grande, en Guerrero, mantienen los retenes que instalaron el domingo pasado en los accesos al municipio de Ayutla de los Libres para frenar las extorsiones, secuestros y violaciones cometidos en meses recientes en esa región de la Costa Chica por presuntos miembros de la delincuencia organizada.

Este jueves, los dirigentes de los campesinos que colocaron los retenes se reunieron con el secretario de Gobierno estatal, Humberto Salgado, a quien informaron que han detenido a 28 personas, a las que reducarán de acuerdo con los usos y costumbres de sus poblados. Señalaron que a partir de ahora coordinarán sus acciones de seguridad con las autoridades.

Desde temprano, 15 líderes del movimiento contra la delincuencia organizada provenientes de los municipios mencionados se reunieron durante cuatro horas con funcionarios encabezados por Salgado Gómez; la procuradora de Justicia del estado, Martha Elva Garzón, y el secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, Guillermo Jiménez.

En la Secretaría de Gobierno, en Chilpancingo, acordaron actuar de manera coordinada para que los ciudadanos inconformes no caigan en la ilegalidad.

Los indígenas, encabezados por el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, advirtieron que seguirán los retenes en Ayutla.

La coordinación de la policía comunitaria, con sede en el poblado de El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres, no participa en este movimiento debido a diferencias con la dirigencia de la UPOEG, presidida por Plácido Valerio, a quien acusan de actuar por órdenes del gobernador Ángel Aguirre Rivero para dividir a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias.