Los municipios de San Fernando y Matamoros, Tamaulipas, evidencian la capacidad corruptora y de violencia del crimen organizado, pues provocaron renuncia, remoción o deserción de la totalidad de policías municipales, para ser sustituida por agentes militares, señala la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), entidad según la cual 13 estados reflejan un mayor crecimiento en los índices delictivos asociados al narcotráfico.

Las entidades con mayores problemas según la Sedena son: Chihuahua, Coahuila, Durango, estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. Esta información está contenida en el documento La Sedena en el esfuerzo de México en contra del crimen organizado.

De acuerdo con sólida información obtenida en materia de inteligencia militar para la defensa nacional, las 13 entidades tienen algunos aspectos a considerar como denominadores comunes o tendencias generales, como son tener orientaciones geográficas que permiten el desplazamiento de vehículos y personas del centro hacia el norte del país: se trata de regiones y zonas “bien comunicadas vía terrestre, con importantes obras de infraestructura –hidroeléctrica, petroquímica, carretera–, que concentran amplias zonas urbanas” en las que ha crecido el consumo de drogas; circulación y utilización de dinero sucio y, (enfrentan) una notable debilidad de las corporaciones policiales municipales.

En el documento se menciona que como parte del trabajo que el Ejército y la Fuerza Aérea realizan en las entidades de la vertiente del océano Pacífico, donde se ubican las principales zonas productoras de enervantes, se ha incrementado en forma directa la relación con las autoridades de los gobiernos locales, la cual alcanza mayores niveles de coordinación; se amplían y profundizan las relaciones entre civiles y militares, en tanto se requiere una constante cooperación para enfrentar el problema delictivo en general.

El informe militar también alude que aunque la Policía Militar se ha hecho cargo de la vigilancia de municipios como San Fernando y Matamoros, en Tamaulipas, se evidencian la capacidad corruptora y de violencia del crimen organizado.

Refiere que esa atípica situación no puede ni debe prolongarse, a pesar de las solicitudes de las mismas comunidades para que el personal militar permanezca, pues va en detrimento de la autoridad civil local y desde luego, del conjunto de instituciones encargadas de la prevención y sanción del delito.

Respecto de Ciudad Juárez, resalta que “los resultados en el abatimiento de los índices de violencia han dejado en claro que la coordinación entre oficinas de gobierno y programas específicos logran contener, y aún modificar la dinámica de una sociedad determinada. Todos somos Juárez ha significado uno de los principales retos y logros de la administración federal.

La aplicación de medidas para recuperar espacios públicos, organizar prácticas sociales sanas, junto con la constante depuración de la policía municipal, permitieron demostrar lo sustancial y positivo de la complementación en asunción de la responsabilidad de cada uno de los actores e instituciones concurrentes a esa ciudad fronteriza.