Buenos Aires, 28 de diciembre. Con los juicios contra los responsables de delitos de lesa humanidad estamos viviendo un proceso histórico sin precedente, porque se está reconstruyendo una parte de la historia argentina arrancada del relato; oculta durante tantos años y esto implica una restitución subjetiva, no solamente para las víctimas, sino para el conjunto de la sociedad que lucha por memoria, verdad y justicia, dice Ana María Careaga, sicóloga, ex detenida desaparecida.

Careaga, hasta hace dos meses directora del Instituto Espacio para la Memoria (IEM), cuyo consejo directivo integra ahora, es hija de Esther Ballestrino de Careaga, una de las tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo que a fines de 1977, fue secuestrada y desaparecida junto a Azucena Villaflor, María de Bianco, y otras personas en la Iglesia de Santa Cruz, entregadas por el ex capitán de Marina Alfredo Astiz, quien, se infiltró en el grupo haciéndose pasar por hijo de desaparecidos.

Las Madres fueron arrojadas aún vivas al mar después de pasar por el infierno de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), junto a otras víctimas, entre ellas dos monjas francesas.

Pero por un extraño cambio de vientos, que no previeron los marinos, sus cuerpos llegaron a un pueblo de la Costa Atlántica y fueron enterrados como no identificados (NN) por los vecinos. En 2005 fueron identificadas por el Equipo Argentino de Antropólogos Forenses. Esos restos se convirtieron en los mayores acusadores de sus asesinos.

Ballestrino de Careaga había comenzado a trabajar con las madres cuando buscaba a su hija Ana de 16 años, que estaba embarazada, y al esposo de su otra hija, que hasta hoy está desaparecido. Aunque pudo encontrar a Ana, quien había pasado por el infierno del centro clandestino de detención Atlético, Esther continuó junto a las madres y fue secuestrada y desaparecida en diciembre de 1977.

Ahora Ana está siguiendo todos los juicios y especialmente en los últimos días, la segunda parte del más grande que es el juzgamiento de los marinos responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA, por donde pasaron unas 5 mil víctimas.

También en ese lugar siniestro, recuperado en 2004 por decisión del fallecido presidente Néstor Kirchner, respondiendo a la larga lucha de los familiares, fue aplicado en decenas de casos, el plan sistemático de robos de niños nacidos en cautiverio, que se repartieron entre militares y amigos.

Careaga destaca la importancia del juicio a los responsables, tanto militares, como civiles, médicos jueces y otros que participaron en ese robo porque se demostró fehacientemente que se trataba de un plan sistemático de la dictadura militar. Además muestra el nivel de perversión al que llegó la metodología del terrorismo de Estado porque se perseguía a los militantes políticos, secuestraban a quienes los buscaban y se apropiaban de sus hijos. Eran tres generaciones los hijos, los padres, los nietos. Habiendo 500 niños hoy jóvenes adultos, de los cuáles poco más de 100 han sido rescatados por la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo, estos juicios contribuyen a esta lucha y búsqueda de abuelas acompañadas y apoyadas por la sociedad.

Considera que el pico más importante en los juicios se produjo en 2010 y fue continuado en 2011 con grandes y aleccionadores juicios orales en Córdoba, Tucumán y otros lugares, destacando que en La Plata todas las querellas pidieron que se juzgue por delito de genocidio.

Por eso este año 2012 ha significado un enorme avance en la lucha por la justicia. “Esta lucha y estos juicios se están convirtiendo en políticas públicas que son devueltas a la sociedad, y eso no tiene marcha atrás. Esta segunda parte del juicio de la ESMA, que juzga los delitos de lesa humanidad, es el más grande por la magnitud y la cantidad tanto de víctimas como de los imputados: 68 responsables por casi 800 casos. Esto incluye a los vuelos de la muerte. Es la primera vez que se juzga a los autores materiales de esos vuelos, que fue la solución final de la que los marinos se jactaban. Eufemísticamente llamaban traslados a esos vuelos en que llevaban a las víctimas debilitadas por aplicación de drogas, arrojándolas aún vivas al mar. Así se deshacían de los cuerpos”.

Destaca que otro de los juicios importantes de este año, ha sido el que juzgó el asesinato de 16 detenidos en la cárcel Comandante Zar de Trelew, provincia de Chubut, en agosto de 1972 bajo la dictadura del general Agustín Lanusse.

“La gran importancia reside en que muestra la continuidad histórica respecto al terrorismo de Estado, que se aplicó en el país. Como ayer mismo que salieron las resoluciones de juzgamiento sobre los responsables del Operativo Independencia en Tucumán, que se produjo entre principios de 1975 y los primeros meses de 1976.”

El Operativo Independencia, que fue un ensayo de guerra contrainsurgente dejó miles de víctimas y desaparecidos que hasta hoy se buscan.

Fue el ensayo general de lo que después del 24 de marzo de 1976, ocurrió a lo largo y ancho del país. Allí se conoció el primer centro clandestino de detención, que se colocó nada menos que en una escuela en la localidad de Famaillá. Fue una política de exterminio que llevó a los 30 mil desaparecidos de la pasada dictadura, recuerda Ana. En este caso señala que se acaba de dar en una condena un requerimiento donde se incluye el delito de genocidio también.

También a lo largo de esta reconstrucción histórica a través de los testimonios, en los juicios quedó al descubierto la complicidad de sectores poderosos de la Iglesia, de jueces, civiles, empresarios, como es el caso del dueño del Ingenio Ledesma en Jujuy, Pedro Blaquier, quien a pesar de su inmenso poder no pudo escapar a la justica que lo juzga por los secuestros y desapariciones de trabajadores y pobladores de ese lugar. Salta a la luz pública la responsabilidad del poder económico, que está por encima de los autores materiales.

Por último recuerda que a medida que se suceden los juicios se ensanchan los límites propios de la justicia, con un código penal obsoleto, a pesar de lo cual se juzgan delitos de lesa humanidad, genocidio rompiendo las ataduras de la justicia y se construye un nuevo paradigma, nombrando los hechos como se produjeron. Los delitos sexuales en la dictadura son ahora delitos específicos de lesa humanidad. Argentina está a la cabeza en América Latina y el mundo en cuanto a los juicios y se convierte en ejemplo para otras naciones, donde se está viendo la decisión de terminar con la impunidad, como la única forma de lograr una democracia profunda.