La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) ya no se puede desistir de la acción penal ni reclasificar el delito que se les imputa a los 14 jóvenes procesados por ataques a la paz pública por los hechos ocurridos el pasado primero de diciembre en diversos puntos de la ciudad, afirmó Guillermo Terán Pulido, titular de la Agencia Central de Investigación (ACI), instancia que efectuó la indagatoria del caso, aunque los abogados de los acusados insistieron en que jurídicamente es viable que las autoridades se desistan de la acusación.

Explicó que esto no puede ser porque los implicados ya fueron consignados y se les dictó auto de formal prisión y, por tanto, el juicio en su contra no se puede modificar, además de que a quienes se les dictó auto de formal prisión optaron por el beneficio legal que les dio la reforma al artículo 362 del Código Penal.

En conferencia de prensa, el funcionario dijo que la PGJDF continúa trabajando en la identificación de otros probables responsables de los daños a inmuebles públicos y privados en avenida Juárez y agresiones a los policías, sin que hasta el momento se haya solicitado ninguna orden de aprehensión, pero advirtió que de haber más detenidos se les imputará el delito de ataques a la paz pública.

Ayer por la tarde, en la sede del Gobierno del Distrito Federal (GDF), tuvo lugar una reunión entre las autoridades capitalinas y los abogados de las 14 personas que obtuvieron su libertad bajo fianza la noche del jueves, en la cual se discutió la posibilidad de que estos ciudadanos sean absueltos totalmente por el cargo de ataques a la paz pública del cual se les acusa.

No hubo una conclusión definitiva, pero sí hay buena disposición por parte del GDF para seguir analizando los casos y revisando las pruebas que tenemos para llevar el juicio de manera pronta y expedita para obtener las sentencias absolutorias, explicó en entrevista con La Jornada David Peña, integrante de la Liga de Abogados Primero de Diciembre.

En los siguientes encuentros –a efectuarse la próxima semana, en día y hora aún por definir–, los litigantes insistirán en que jurídicamente es viable que las autoridades se desistan de la acción penal en contra de los acusados por los actos de vandalismo.

Seguiremos el proceso jurídico ordinario, pero también queremos construir caminos para que esto no se alargue meses y, sobre todo, para demostrar que estas personas no tienen por qué estar bajo proceso y mucho menos sentenciadas, enfatizó Peña.