La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que elementos de la policía municipal de San Pedro Garza García y la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León incurrieron en violaciones a las garantías fundamentales de un hombre a quien detuvieron arbitrariamente y desaparecieron de manera forzada en 2010, sin que a la fecha se sepa del paradero de éste.

Ayer se informó que el organismo presidido por Raúl Plascencia Villanueva emitió por este caso la recomendación 55/2012 dirigida al gobierno de Nuevo León y al ayuntamiento de San Pedro Garza García.

En noviembre de 2010, el ciudadano fue detenido arbitrariamente y privado de su libertad ilegalmente por agentes de la Secretaría de Seguridad Municipal, primero, y posteriormente por miembros de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado.

Tras las indagatorias y el análisis de las evidencias, el organismo concluyó que las conductas de los policías configuraron violaciones a los derechos humanos a la libertad personal, a la vida, a la integridad y seguridad personal, al trato digno, a la legalidad y a la seguridad jurídica, por hechos consistentes en la detención arbitraria y desaparición forzada del agraviado; asimismo, se afectó el derecho a la integridad personal de por lo menos seis de sus familiares.

La recomendación detalla que los policías municipales arrestaron sin razón comprobada al agraviado, lo subieron a una patrulla y fue conducido a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Municipal. Posteriormente lo trasladaron a la Agencia Estatal de Investigaciones de Monterrey –aparentemente por sospechas de probables vínculos con el crimen organizado–, donde se verificó que no tenía antecedentes delictivos, ni existía orden alguna de aprehensión por cumplir; sin embargo, para salir de dudas lo llevaron a la base temporal de operaciones de la Secretaría de Marina, donde tampoco se le encontraron antecedentes que justificaran su permanencia en el lugar y se le invitó a retirarse.

Según la autoridad ministerial se le ofreció llevarlo a su domicilio, a lo que el agraviado se negó y se fue por cuenta propia a bordo de un taxi; ese fue el último momento en el que (las autoridades) manifiestan haber tenido noticia de él.

Sin embargo, la CNDH recabó evidencias que acreditan que tanto el agente ministerial en cuestión como su superior tenían información sobre el estado de la víctima, días posteriores a su desaparición. Los familiares y su abogado manifiestan que al pedir a dichas autoridades información respecto de la víctima, tres días después de su desaparición, los mismos indicaron que debían permanecer calmados pues el muchacho estaba bien, pero su situación estaba pendiente de resolverse.

Por ello, en su recomendación solicita al gobierno de Nuevo León que se realice una búsqueda efectiva, con el objeto de lograr la localización inmediata y la presentación de la víctima.

Tomar las medidas necesarias para otorgar la indemnización correspondiente a fin de reparar los daños ocasionados a su esposa, y que se otorgue a ella y a los familiares del desaparecido la atención médica y sicológica necesaria para resolver su estado emocional, así como una beca completa a su hija, hasta que termine sus estudios superiores.

Al gobierno estatal y a los integrantes del ayuntamiento les pide colaborar ampliamente con la CNDH en el trámite de las quejas que promueva ante la procuraduría del estado y la Secretaría de Seguridad Municipal, en contra de los elementos que intervinieron en los hechos, entre otras peticiones.