Los congresos de Baja California y Chiapas se convirtieron en los primeros en aprobar la reforma educativa turnada por la Cámara de Diputados federal. Para que las modificaciones al artículo tercero propuestas por el presidente Enrique Peña Nieto sean constitucionales se requiere que la avalen al menos 14 entidades más.

Con el apoyo de diputados de PRD, PT, PVEM y el Partido Estatal de Baja California, la mayoría priísta de la legislatura local aprobó la reforma; votaron en contra la diputada de Nueva Alianza (Panal) Arcelia Galarza Villarino y el panista Ricardo Magaña; hubo dos abstenciones de legisladores del blanquiazul.

Durante la votación, Gregorio Carranza Hernández, del Panal, provocó las risas de los asistentes a la sesión legislativa debido a que llegó tarde a su curul y votó en favor de la enmienda.

Minutos antes, Arcelia Galarza Villarino, su compañera de bancada que sufragó en contra, había solicitado en tribuna una revisión exhaustiva de la reforma en comisiones por considerar que existen varios artículos que afectan a maestros y trabajadores de la educación.

Galarza Villarino y Carranza Hernández fueron dirigentes de las secciones 2 y 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), respectivamente, y mantienen una estrecha relación con Elba Esther Gordillo Morales, a quien consideran su líder moral.

El panista Magaña secundó la propuesta de que la reforma no se votara durante la sesión para dar tiempo y analizarla a profundidad, pero se puso a consideración ante el pleno y 21 diputados la avalaron de manera directa con dispensa de trámite.

La priísta Rosana Soto Agüero señaló que el Congreso local estará atento al censo que realizarán las autoridades educativas federales para conocer el número real de maestros y escuelas existentes en la entidad, con la intención de realizar un ejercicio de rendición de cuentas que beneficie a la sociedad.

En tanto, con el voto en favor de 39 legisladores, de un total de 41, la legislatura de Chiapas avaló el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución en materia educativa

En tribuna, Fernando Castellanos Cal y Mayor, coordinador de la fracción parlamentaria del PVEM, defendió la enmienda con el argumento de que busca elevar la educación y las oportunidades de desarrollo, así como un factor de impulso y cambio en la relación de las próximas generaciones con la preservación ambiental del estado.

La legisladora panista Gloria Luna Ruiz también defendió la reforma surgida del Pacto por México y rechazó que atente contra los derechos fundamentales de los maestros: “al contrario, –subrayó–, se generan los instrumentos necesarios para fortalecer la calidad de la enseñanza”.

En su oportunidad, Neftalí del Toro Guzmán, del PRI, expuso que la propuesta de Enrique Peña Nieto muestra que por encima de intereses e ideologías partidistas, prevalece el interés superior de sacar adelante las reformas que México necesita, para continuar su desarrollo en medio de exigencias y competencias del mundo globalizado.