on el 2012 se fue el Partido Acción Nacional de la Presidencia de la República pero no sus políticas indigenistas, marcadas por el multiculturalismo como nueva forma de integrar a los pueblos indígenas a la cultura nacional, aunque nadie explique cuál es esta. Desafortunadamente el regreso del Partido Revolucionario Institucional a esa institución indica que las cosas seguirán por la misma senda. Muchas señales apuntan en esa dirección: las políticas que Enrique Peña Nieto implementó como gobernador del estado de México, de corte populista y asistencial; los contenidos de sus discursos de campaña rumbo a la Presidencia de la República, centrados en la educación indígena y la creación de un cuerpo de traductores e intérpretes, que ya existen; el Pacto por México, prometiendo reconocer a las comunidades y los pueblos como entidades de derecho e interés públicos, planear con ellos su desarrollo y permitir que se asocien en proyectos comunes, derechos incluidos entre los ya reconocidos por las leyes vigentes, y las declaraciones del secretario de Gobernación –en referencia a la reaparición pública de los zapatistas–, afirmando que no se les conoce y se dé el beneficio de la duda. Todo apunta a que su visión en este asunto sigue siendo la de antes que perdieran la Presidencia de la República, el problema es que el país ya cambió. Ahora los pueblos no reclaman asistencia social, sino derechos colectivos.

No es mucho lo que el nuevo gobierno necesita para empatar las demandas de los pueblos indígenas con las políticas de Estado que las atiendan, pero requieren un poco de conocimiento y algo de voluntad política para su implementación. Lo primero que se requiere es conocer el país y la forma en que ha evolucionado desde la década de los noventa, cuando se cumplieron 500 años de la invasión europea a tierras del Anáhuac. Conocer antes de reconocer porque si no lo segundo queda vacío. A partir de esa década el marco jurídico mexicano se ha venido transformando en materia de derechos indígenas, con la incorporación de diversos tratados sobre derechos humanos a nuestro derecho interno, mismos que, de acuerdo con nuestra Carta Magna, forman parte de ella, de tal manera que bastaría que el presidente de la República instruyera a sus secretarios de Estado y éstos a sus subordinados para se respetara la personalidad jurídica de los pueblos para que gestionaran sus derechos ellos mismos, se respetara su autonomía para que planearan libremente el tipo de desarrollo que desean, se garantizara la integridad de sus territorios para que no tuvieran que defenderlos en los tribunales nacionales y extranjeros, se reconocieran sus gobiernos en lugar de perseguirlos y se les consultara antes de emprender grandes proyectos que afectan su vida, sus derechos y su futuro.

Pero es difícil que esto suceda porque los compromisos económicos y políticos de los actuales gobiernos –el federal y los estatales– avanzan por otros rumbos. O al menos eso es lo que se desprende de las primeras acciones de gobierno federal. Una de ellas fue proponer la sectorización de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en la Secretaría de Desarrollo Social, encargada de la política de asistencia social, y aunque no se aprobó sí indica por dónde se dirigen; otra es que el presupuesto aprobado para el próximo año mantiene los montos y enfoques de sus antecesores; una tercera es que con el Pacto por México la clase política promete promover menos derechos de los que los pueblos indígenas ya tienen reconocidos. Al parecer no son los pueblos indígenas los que desconocen al nuevo gobierno, sino éste es el que desconoce a los pueblos. A esto hay se debe agregar que en diversos momentos y de distintas maneras este mismo gobierno ha prometido continuar los megaproyectos a los que los pueblos se oponen porque afectan sus derechos. Y en eso no hay distinción de gobiernos; por el mismo rumbo marchan también las administraciones estatales, incluidas aquellas que todavía se dicen de oposición.

En esta situación el único camino que les queda a los pueblos indígenas es seguirse organizando para continuar la lucha por su existencia como tales, pues saben que lo que ellos no hagan nadie lo hará. No tienen otra opción si quieren seguir existiendo. Y quieren. Porque también comprenden que la crisis actual de la sociedad capitalista es más que eso, en muchos casos ya lleva tintes de crisis civilizatoria. Y cuando la cultura occidental ya no da para más, ellos ofrecen su forma de vida como una opción viable. Algo de esto hay en el mensaje zapatista de fin de año cuando hace referencia a su mundo derrumbándose y el del nuestro resurgiendo. Aunque parece que se dirige al gobierno, no es sólo a él: es también a la clase política y los poderes económicos que los mueven. Del otro lado los zapatistas saben que no hablan sólo por ellos, lo hacen también por otros que como ellos luchan por una vida digna, es decir, por un futuro con democracia, libertad y justicia. Ese es el reto de los pueblos indígenas y quienes comparten sus luchas para alcanzar su horizonte.