Una misión de observadores de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas sostuvo un encuentro con ejidatarios de La Sierrita y mineros de la sección 309, en la que estos últimos denunciaron las violaciones que ha cometido la empresa canadiense Excellon resources, así como el gobierno de Durango y el federal en contra de sus derechos humanos y laborales

Reunidos en las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de esta entidad, campesinos y mineros explicaron a los representantes internacionales que la referida empresa ha incumplido con un contrato de arrendamiento firmado desde 2008 en el que se comprometió a diversas acciones con los ejidatarios y que ahora desconoce de manera ilegal.

De igual manera señalaron que la compañía no ha respetado el derecho a la libertad sindical de los trabajadores, ya que no quiere reconocer a la representación del Sindicato Nacional de Mineros, por lo que los trabajadores junto con los campesinos llevaron a cabo un cierre de la mina el cual fue violentado con apoyo de policías estatales aun cuando su movilización era pacífica.

Se trata de violaciones sistemáticas a sus derechos humanos, explicaron, y también al uso de recursos naturales, al derecho al agua y al de libre asociación, ya que la minera canadiense ha criminalizado la lucha y hostigado a los trabajadores.

Los enviados del Alto Comisionado escucharon del desalojo violento el pasado 24 de octubre, para el cual se utilizó maquinaria pesada para derribar e incendiar el campamento instalado a un costado de la mina.

El Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Prodesc) anunció que los representantes de Naciones Unidas hablarán con autoridades locales y federales para conocer qué medidas ha adoptado el Estado mexicano para garantizar y proteger las garantías individuales de la comunidad de La Sierrita.

La segunda visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se comprometió a dar seguimiento al caso.