Aunque algunos estados empezaron a establecer sus propios esquemas de la estrategia de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+), para que sea una realidad debe pasar por un proceso de consentimiento libre, previo e informado en los 68 pueblos indígenas, señaló Gustavo Sánchez, de la Red Mocaf.

En Chiapas, donde se puso en marcha un proyecto REDD no se ha demostrado claramente su capacidad para proveer beneficios sociales equitativos que mejoren los medios de vida de los pueblos indígenas y comunidades locales, lo mismo que beneficios ambientales como reducciones de emisiones reales, adicionales y permanentes, consideró por su parte Greenpeace.

La deforestación y degradación de bosques y selvas es la tercera fuente de emisiones de bióxido de carbono, uno de los gases de efecto invernadero que ocasiona el cambio climático, y la estrategia REDD+ es resultado de las negociaciones internacionales en la materia.

El REDD+ en México está en construcción y los avances son que la gestión anterior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) presentó un documento de discusión al comité técnico consultivo de la estrategia, la cual está en análisis y aún se evalúa si se puede llegar a consenso, ya que hay temas delicados, explicó Sánchez.

Detalló que entre estos temas están la propiedad del carbono evitado en la superficie que mantiene su cubierta forestal, lo cual en caso de no definirse, llevaría a un escenario como el de las concesiones mineras, donde la reducción de emisiones de gas evitadas pasa a manos de un tercero y no queda en posesión de los dueños de la tierra.

También, apuntó, está el tema de la consulta, ya que se debe diseñar un protocolo respetuoso de los derechos de los pueblos indígenas y ejidos, de acuerdo con lo que marca la ley forestal. Es un tema que en México y otros países les causa ruido por el reto de hacer una consulta a pueblos y comunidades indígenas. La manera de hacerlo sería acordar y construir con las organizaciones que representan a estas comunidades una estrategia para llevar la información de manera previa y luego la consulta para obtener el consentimiento. Este es otro tema que no se ha consensuado. Explicó que esto en parte se debe a que hay desarrolladores de proyectos forestales a los que les interesa que la consulta sea lo más ligera posible, para que no les frenen los planes.

Dada su historia de disputas y conflictos por la tierra, REDD+ en Chiapas se enfrenta a problemas importantes de implementación debido a las continuas dificultades en la realización de consultas plenas y efectivas con los pueblos indígenas, así como al presunto fracaso en clarificar los títulos de propiedad de la tierra en muchas regiones, indica el estudio Espejitos por aire, de Greenpeace, imponiendo compensaciones subnacionales de REDD, provenientes de México en el mercado de carbono de California.

Señala que los intentos en ese estado para establecer un proyecto piloto de REDD+ han llevado, en algunos casos, a una intensificación de los conflictos locales por la tierra.