Los recursos habrían sido fruto de enriquecimiento ilícito, dicen
Viernes 14 de diciembre de 2012, p. 25
Madrid, 13 de diciembre. El gobierno español incautó al ex presidente egipcio Hosni Mubarak y a 130 de sus allegados un conjunto de fondos bancarios y bursátiles, bienes inmobiliarios y automóviles con valor de 28 millones 400 mil euros, que pudieron ser adquiridos con recursos procedentes de delitos como malversación de fondos públicos, corrupción o enriquecimiento ilícito, cometidos durante su mandato
de 30 años, de 1981 a 2011.
El Ministerio del Interior informó en un comunicado que las inversiones financieras suman 18.4 millones de euros, mientras que dos residencias en las afueras de Madrid y siete casas en Marbella, en la provincia sureña de Malaga, así como cinco automóviles de lujo, tienen un valor de 10 millones de euros.
Unas 130 personas vinculadas al gobierno de Mubarak, entre quienes se encuentran ministros, funcionarios de alto nivel y empresarios, fueron afectados por la confiscación ejecutada en España.
La incautación fue realizada por la policía española en cumplimiento de una rogatoria internacional, derivada de las acciones realizadas por distintas instancias del Estado egipcio para resarcir daños causados por Mubarak y su círculo más cercano en su largo periodo gubernamental.
Desde julio de 2011, el ex gobernante purga prisión perpetua en una cárcel egipcia, castigado por un tribunal que lo halló culpable de no haber detenido la represión de las protestas en su contra a principios de 2011, lo que causó la muerte a decenas de personas.
En abril de 2011, la Alta Corte Administrativa de Egipto disolvió el Partido Nacional Democrático, antigua organización en el poder, y ordenó la incautación de sus bienes, en respuesta a la demanda popular planteada durante la revuelta del año pasado, que condujo a Mubarak a la renuncia, el 11 de febrero.
Como consecuencia de aquellas movilizaciones populares, los ciudadanos egipcios aprobaron la convocatoria a una asamblea constituyente que redactó una nueva carta fundamental, cuya ratificación popular está prevista en dos fases, el sábado 15 en 10 provincias y el día 22 en el resto del país.