Ante los abusos en los cobros de energía eléctrica, la apropiación de recursos naturales por las trasnacionales y la escasez en todas las variantes de energía existente a escala global, urge elevar a rango constitucional el derecho a este bien social, consideraron sindicalistas y organizaciones civiles junto con usuarios del recurso.

Durante el foro La energía eléctrica, un derecho humano, realizado en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el diputado federal Gerardo Villanueva Albarrán señaló que es necesario promover un reforma constitucional para plasmar el derecho a la energía eléctrica en virtud de los cobros excesivos, los cortes arbitrarios e incluso los malos tratos que reciben los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Abundó que podría ser en el artículo 4 de la Carta Magna donde se formalice el reconocimiento de las energía como derecho humano. Por la importancia de la energía, sobre todo eléctrica, ésta debe ser accesible a todas las personas, por lo que esto debe impulsarse desde el Congreso.

Fermín Paz Lamigueiro, secretario general de la organización no gubernamental Derecho a la energía, SOS-Futuro, agrupación fundada en Francia en el año 2000, precisó que México no es el único país que tiene problemas con las tarifas exageradas y la precarización energética.

Necesario, rechazar la premisa de que es una mercancía

Añadió que es necesario rechazar la premisa de que la energía es una mercancía y que sólo pueden discutir su uso quienes se consideran expertos en la materia, por lo cual dijo que la ciudadanía no debe ser marginada de la elaboración de inicitivas concernientes al tema.

Más aún, ya que en busca de ésta las trasnacionales suelen emplear muy malas prácticas para hacerse de las fuentes de energía y de su transmisión, comprando voluntades políticas, convenciendo a legisladores y cambiando constituciones y en este contexto agregó que la energía es un derecho y por lo tanto no puede ser factor de exclusión social.

Alfonso Mancilla Reyes, de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica señaló que además de elevar a rango constitucional el acceso a la energía eléctrica como derecho humano, debe haber un cambio de la política pública hacia el sector eléctrico, establecer una tarifa social y justa y que sea la Cámara de Diputados la que establezca las tarifas y no la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

Indicó, asimismo, que debe haber borrón y cuenta nueva para los usuarios en resistencia y que se acate la resolución del segundo tribunal en materia del trabajo y se reinstale a los integrantes del SME que no aceptaron la liquidación.

Martín Esparza Flores, secretario general del SME, rechazó la participación de empresas trasnacionales en la generación de energía eléctrica en el país, lo cual dijo comenzó cuando el ex presidente Carlos Salinas de Gortari modificó el artículo 27 constitucional.

Indicó que en la actualidad 44 por ciento de la generación eléctrica de México está en manos de empresas privadas y coincidió con Humberto Montes de Oca, secretario del Exterior del gremio, en que nada de lo prometido por el ex presidente Felipe Calderón, cuando extinguió Luz y Fuerza del Centro se cumplió, pues ni mejoró el servicio ni bajaron las tarifas ni se generó más empleo en el centro del país.