Para transformar el sistema educativo nacional se tiene que recuperar a los maestros y colocarlos en una condición de reconocimiento social y no en la degradación en la que se les ha ubicado en años recientes, culpándolos exclusivamente de la crisis de la formación académica en el país, aseguró Imanol Ordorika, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Durante el seminario en que la máxima casa de estudios presentó el documento Transformar el sistema educativo nacional. Diez propuestas para diez años, Ordorika afirmó que hoy se vive un debate en el que “los profesores son los apóstoles de la patria que han dado todo por educar a los mexicanos o son una bola de delincuentes encabezados por una dirección siniestra.

“Podemos hacerlos responsables, como se ha hecho con saña y superficialidad en medios de comunicación y películas recientes, diciendo que son ellos los responsables de la crisis educativa del país. Pero tenemos que rescatar temas como la formación continua, la reapropiación del trabajo docente, la participación de los maestros –no necesariamente de modo gremial– en las definiciones de contenidos y pedagogías.”

El especialista en temas educativos y actual titular de la Dirección de Evaluación Institucional de la UNAM, sostuvo que el país hoy no cuenta con la infraestructura ni con las condiciones para dar cabida y educación de calidad a los estudiantes.

Ordorika indicó que otro tema que debe corregirse es el de la evaluación, la cual no debe presentarse sólo para entregar (premiar) recursos económicos, sino que tiene que ser diagnóstica, que sirva al profesor a mejorar la escuela y corregir errores, y a los tomadores de decisiones a ubicar problemas y atacarlos con estrategias efectivas.

En lo referente al marco legislativo y de financiamiento, sostuvo que hay enormes incompatibilidades entre lo establecido en la ley y lo que ocurre en la realidad: Un ejemplo: se ha dicho que la educación media superior será obligatoria, pero no tenemos condiciones para cumplirla, ni siquiera en infraestructura y maestros. No digamos para hacer que los estudiantes cumplan los ciclos previos en buenas condiciones y lleguen universalmente a este nivel.

Otros huecos jurídicos, agregó, están en los reglamentos que permiten a diversos colegios llamarse universidades cuando en la práctica no cumplen con esa condición o en que si bien desde hace varios años la ley establece porcentajes mínimos del producto interno bruto para educación, ciencia y tecnología, estos aún no se han alcanzado.

Ordorika sostuvo que es en infraestructura donde más se muestra la desigualdad en materia educativa. Tenemos vagones de tren adaptados (como aulas) en lugares con temperaturas superiores a 30 o 35 grados centígrados, niños metidos en aulas de cómputo que no tienen acceso a Internet, salones con piso de tierra o sin techos, poblaciones en las que no existen siquiera escuelas y donde se ha sustituido todo por aparentes proyectos de educación a distancia que ni siquiera podrían catalogarse como tales.

Advirtió que no basta con hacer un censo de la educación y de la infraestructura educativa en México. La infraestructura educativa nos tiene que llevar al meollo del asunto: hacer de las escuelas mexicanas centros de rearticulación, de construcción del tejido social, espacios de cultura y formación permanente, abiertos las 24 horas de manera digital y presencial para que México sea un país en el que todo mundo se eduque todo el tiempo.

Por su parte, el ex secretario de Educación Pública José Ángel Pescador afirmó que debe pensarse en acciones más específicas y concretas con el propósito de transformar el sistema, pues en los 30 años recientes México enfrentó un estancamiento brutal, que también abarcó la educación.

Agregó que en la transformación de sistema deben participar todos los actores involucrados, entre ellos el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Desde el año 2000, cuando se habla de uno de los actores de la educación, el sindicato es muy importante y debe ser tomado en cuenta en cualquier definición de una política pública.