El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) expresó su satisfacción por la liberación, ayer, de 56 de los 70 detenidos el pasado primero de diciembre, durante las protestas por el cambio de gobierno federal.

Inicialmente fueron arrestadas 97 personas, pero 27 fueron liberadas casi 48 horas después. Así, de las 70 que quedaron detenidas, ayer salieron en libertad 56 y 14 permanecen recluidas.

El Centro Pro destacó que la resolución dictada por la juez 47 de lo penal en el Reclusorio Norte, María del Carmen Patricia Mora Brito, de liberar a 56 arrestados es una buena señal del Poder Judicial para garantizar el debido proceso a todos los imputados; sin embargo, consideramos que ello no es suficiente.

Aseveró: “Las autoridades federales y el Gobierno del Distrito Federal están obligados a investigar a fondo los abusos policiales, incluida la cadena de mando. Todos los implicados deben deslindar responsabilidades en el marco del debido proceso. Ello incluye a los cuerpos policiacos federales y del Distrito Federal, así como a la jefatura de gobierno de la ciudad –en ese momento a cargo de Marcelo Ebrard. De igual forma, a los responsables operativos y políticos de la administración federal entrante, encabezada por Enrique Peña Nieto”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, consideró un triunfo de la justicia dicha liberación. Los 14 que están en prisión pueden interponer amparos, añadió.

Al término de la inauguración de la décimo primera Feria de los Derechos Humanos, realizada en el Zócalo de la ciudad de México, aclaró que la determinación del juzgado 47 está basada en la evidencia de que no tenían nada que ver con los hechos. No es una decisión derivada de la presión pública, sino una llamada de atención a la policía de que, cuando se actúa mal, las consecuencias no son las adecuadas.

Los fallos, abundó el ombudsman capitalino, dejan en claro que este tipo de actos, de abusos, no quedan en la opacidad. Tocará a las autoridades identificar a los culpables, porque tampoco se puede proteger la impunidad. Vigilaremos que a los policías implicados en las detenciones ilegales se les abran procedimientos en las instancias correspondientes.

El primer visitador de la CDHDF, Mario Patrón, aclaró que son 70, no 69, las personas involucradas en el caso, pues a Bryan Reyes Hernández se le dictó formal prisión por ataques a la paz pública, pero en el juzgado 11, por lo cual daremos seguimiento a los expedientes de los 14 sentenciados, dado que se han acreditado violaciones a sus procesos.

La Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría de Justicia capitalina y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal tienen hasta mañana para entregar las imágenes de las videocámaras del proyecto Bicentenario, todas las intercomunicaciones de radio y los nombres de los policías y mandos que estaban a cargo del operativo, subrayó el visitador, quien fue entrevistado en el Zócalo capitalino.

El Centro Pro sostuvo que el desvanecimiento de las supuestas pruebas contundentes contra los manifestantes y la grave omisión de las autoridades en cuanto a los reiterados señalamientos por los jóvenes, así como de otros sectores de la sociedad, muestran muy claramente “la intencionalidad política de esos operativos de criminalizar la protesta social”.

Subrayó que resulta preocupante la presencia documentada, tanto por activistas como por medios de comunicación, de un grupo de provocadores, los cuales, según han señalado diversas fuentes, portaban guantes negros y pantalones color caqui para identificarse.

Al término de su participación en la décimo primera feria, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Dinorah Pizano, adelantó que en el periodo ordinario de sesiones buscarán derogar el artículo que habla del delito de ataque a la paz pública en el Código Penal, porque es lesivo y utilizado únicamente en épocas políticas violentando los derechos de los jóvenes.