Tras los disturbios ocurridos el 1° de diciembre, se ha reforzado entre los cuerpos de seguridad la lógica de detener y criminalizar a personas sólo por su edad o su apariencia física, en particular a jóvenes, mujeres y estudiantes de escasos recursos, en un intento de estigmatizar a los diferentes y cobrarles la factura política de lo ocurrido el sábado pasado, advirtieron integrantes de organizaciones sociales.

Alejandra Ancheita, directora ejecutiva de Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc), señaló que ya comienza a verse un patrón de arrestos dirigidos en contra de jóvenes, mujeres y estudiantes de recursos limitados.

Preocupa que las detenciones de mujeres jóvenes han estado plagadas de violencia sexual, que ya han ocurrido en otras ocasiones, como en San Salvador Atenco, donde el hostigamiento y los ataques formaron parte de la detención, lamentó.

Por todo ello, es posible decir que las autoridades están emprendiendo una campaña de estigmatización de ciertos grupos. “A algunos les llama anarquistas, en evidente ignorancia de lo que es. Hay una tendencia a reprimir a ‘los diferentes’, los que no tienen la apariencia que la clase gobernante considera normal. Para ella, los jóvenes son una amenaza”, indicó.

Antonio Lara, abogado del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, coincidió en que hay serios indicios de que los jóvenes más susceptibles a ser criminalizados por su apariencia serán quienes terminen pagando la factura política de los destrozos en el Centro Histórico.

Las acusaciones más severas del Ministerio Público se han realizado en contra de jóvenes con rastas en el pelo o tatuajes. A quienes cumplen con el estereotipo del vándalo es a los que más les están cargando la mano, incluso tratando de sembrarles armas. Van a buscar que ellos paguen la factura y sembrar temor entre los ciudadanos para que no salgan a manifestarse, consideró.

Por su parte, Enrique Larios, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), afirmó que tras analizar los testimonios, fotos y videos sobre las protestas del sábado pasado, hay elementos que sugieren que se trató de un operativo del gobierno para detener de manera injustificada a personas que no habían realizado ningún acto vandálico ni se encontraban en el lugar de la manifestación. El objetivo era criminalizar la protesta social.

“Al revisar varios videos, pudimos comprobar que la agresión cometida contra diversos ciudadanos obedece a un operativo policiaco en el cual se detuvo a personas sin justificación. Lo que no previeron es que la gente hoy en día tiene la posibilidad de capturar todas las escenas y divulgarlas” casi de inmediato en Internet.

“Hay ciertos elementos para decir que este operativo fue manejado desde el gobierno, con violencia premeditada, y nos causa extrañeza que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal amenace, con penas de entre 5 y 30 años de cárcel, a personas que no estaban donde decían que las habían detenido, casi como si fueran terroristas. No están buscando quién lo hizo sino quién lo pague”, lamentó.