En México existe una crisis del agua debido a la contaminación por desechos domésticos, agrícolas e industriales, así como por la sobrexplotación de los acuíferos y aguas profundas, advirtieron especialistas en el tema.

Por ello, demandaron que el agua no sea considerada como un bien comercial, sino como un bien público.

Al participar en el Congreso Ciudadanos y Sustentabilidad del Agua en México, convocado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el rector general de esa casa de estudios, Enrique Fernández Fassnacht, sostuvo que como país estamos muy lejos de resolver los problemas de distribución, dotación, costo y calidad del agua.

Agregó que mientras para la minería hay abundancia de agua a bajo costo, en las urbes se padece escasez del líquido.

Promueven nueva ley

El encuentro, en la rectoría de la UAM, pretende recoger propuestas ciudadanas y de especialistas para la elaboración de una nueva Ley General de Aguas, que reglamente el artículo cuarto constitucional reformado en febrero de este año para así establecer el derecho humano al agua y saneamiento.

Fernández Fassnacht dijo que con la legislación en la materia se deberá garantizar que en 15 años el país tenga agua para todos, para los ecosistemas así como la indispensable para la soberanía alimentaria. Mientras que Elena Burns precisó que en ese periodo se deberá asegurar la viabilidad de la cuenca para 13 regiones hidrológicas en México, pues la solución no es mover el agua sino aprovecharla donde cae.

La crisis del agua se debe también a una crisis del sistema benefactor y paternalista, por lo que el reto, según Enrique Leff, será cómo la ciudadanía, junto con los gobiernos, cogestionará el acceso al líquido.

Por su parte, Raquel Gutiérrez, del Instituto de Derecho Ambiental de la Universidad de Guadalajara, demandó que el agua no debe entrar en el mercado como ha estado sucediendo, pues se trata de un bien nacional y público, y por ello hay que delimitarlo de lo privado, y no podemos pensar sólo en que alguien tiene que financiar la obra pública ni tampoco seguir financiando con recursos públicos intereses privados, porque lo que ha sucedido es que se construyen presas, desplazando a las comunidades, para después concesionarlas.

La investigadora sostuvo que esta nueva legislación deberá integrar una perspectiva de derechos humanos que derive en el rediseño institucional y de políticas públicas hídricas.

Rolando Caña, de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental, recordó que el acceso al agua es un derecho constitucional, por lo que propuso que el Poder Judicial implemente juzgados especializados en medio ambiente, agua y energía.

Con información de Blanca Juárez