Buenos Aires, 7 de diciembre. La Corte Suprema de Justicia rechazó un planteamiento del Grupo Clarín para que se desestimara, sin tratarlo, el recurso extraordinario por salto de instancia (per saltum) solicitado hoy por el Poder Ejecutivo, y consideró esta demanda de la poderosa corporación mediática como manifiestamente inadmisible.

El máximo tribunal de justicia resolvió analizar el recurso del gobierno, que ha hecho dos presentaciones: de la Jefatura de Gabinete y de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca).

En el caso del gobierno, solicita la suspensión de la resolución de esta Cámara por estar viciada de nulidad contradiciendo además lo dispuesto por la Corte Suprema en relación a que el 7 de diciembre vencía la vigencia de la medida cautelar interpuesta por el Grupo Clarín, en caso de que no hubiera un fallo de fondo en la primera instancia.

La nulidad surge de que son jueces recusados por el ejecutivo los que dictaron la resolución ayer a favor de Clarín.

En declaraciones a la agencia Télam, el jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina se preguntó: ¿En qué cabeza cabe que un juez puede ser imparcial después de haber participado de un foro antiley de medios financiado por Clarín?, y recordó que el recusado juez Francisco de las Carreras admitió que una organización integrada por directivos de ese grupo y financiada por Cablevisión (de la misma corporación) le pagó los pasajes y la estadía en Miami. Mientras otros jueces se excusaron por haber participado en ese foro antiley de medios, De las Carreras fue confirmado por sus pares y falló de manera escandalosa, dijo.

Por eso Abal Medina consideró que el país acaba de vivir la semana de la vergüenza judicial, y añadió que se confirma que la Cámara que decidió prorrogar la medida cautelar del grupo Clarín se mueve como el brazo jurídico del poderoso multimedios.

Por su parte, la Afsca solicita que la Corte revoque en forma inmediata la decisión de la Cámara en lo Civil y Comercial, que ayer decidió extender la medida cautelar que exime al Grupo Clarín de adecuarse a la Ley de Medios.

El titular de este organismo, Martín Sabbatella, solicitó a la Corte revisar con urgencia el fallo que consideró vergonzoso y recordó también que fue dictado por magistrados que han sido financiados por el Grupo Clarín.

El gobierno señala además que la resolución de los camaritas en favor de prolongar la medida cautelar con que el Grupo Clarín intenta evadir el cumplimiento del artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que trata de acabar con los monopolios mediáticos, es el mayor impedimento para la democratización de la información en el país.

La medida cautelar interpuesta por Clarín ha paralizado la aplicación en todo su alcance de una ley como la de medios, que ha sido caracterizada por organizaciones internacionales como un gran avance para la democratización, la pluralidad de la información y una distribución justa de las señales.

Además, es la ley más democráticamente preparada a lo largo de más de 20 años por organizaciones sociales, sindicales, universitarias y profesionales, en debates que abarcaron todo el país y más allá de la diversidad ideológica de los que intervinieron en el proyecto.

Esta es una situación de gravedad institucional porque hay una ley de la democracia, votada por el Parlamento, que ya tiene tres años de su promulgación y se intenta frenar desde las corporaciones económicas con complicidades judiciales, manifestó Sabbatella.

Además advirtió que esta legislación surgió de una voluntad popular innegable, dada sus características, que fue votada por los representantes del pueblo argentino, como establece la Constitución, pero ahora aparece como rehén de los grupos económicos.

Analizó además que “esta situación evidencia que existen sectores de la justicia que responden a la corporación económica porque están claramente colonizadas por ésta (…) no podemos estar de rehenes de las corporaciones porque la política se puso de pie, recuperó el rol del Estado, el valor de lo público y hubo un presidente (Néstor Kirchner) que transformó una Corte que estaba totalmente degradada”, resaltando su esperanza en la actuación de la Corte Suprema actual en este caso.

Existe un fuerte rechazo en diversos sectores del país por esta resolución de los camaristas, que con su fallo de prorrogar la medida cautelar impide avanzar en uno de los proyectos emancipatorios más importantes del país y seguido por toda la región como una acción trascendente para el futuro de América Latina. Organismos de derechos humanos recuerdan que la justicia debe ser independiente del Estado, pero también de grupos económicos y corporativos.