La Central Campesina Cardenista (CCC), la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) y Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp) criticaron que en el Pacto por México, firmado entre el gobierno federal y los principales partidos políticos del país, no se haya incluido la opinión de las organizaciones campesinas en lo que respecta a las medidas que se deben tomar en el agro, particularmente las relacionadas con la recuperación de la soberanía alimentaria.

Max Correa Hernández, secretario general de la CCC, lamentó la marginación de las agrupaciones campesinas del acuerdo, el cual, advirtió, estará mocho si nos excluyen e insistió en que las organizaciones de labriegos cuentan con propuestas de rescate viables para el agro en cuanto a soberanía alimentaria, combate a la pobreza, desigualdad y a la criminalidad que acosa al sector.

Al inaugurar los trabajos del Consejo Nacional de Dirigentes de la CCC, Correa llamó al gobierno federal a concretar un nuevo contrato social con los diferentes sectores productivos en el que deberían estar incluidos campesinos, obreros e iniciativa privada.

Álvaro López Ríos, líder de la UNTA, precisó que dicho acuerdo es sólo un pacto cupular que tiene poca credibilidad y carece de futuro, porque excluye a la sociedad organizada. Es un macro engaño a los mexicanos en tanto sea suscrito entre gobierno y partidos decadentes.

Aparte, José Jacobo Femat, presidente nacional de la Cocyp, indicó que en el mencionado pacto sólo se hace una referencia muy general al campo. Ahí se dice que éste es una prioridad del gobierno, pero eso no implica la intención de que el agro pueda recuperar su capacidad productiva, por lo que acotó que el acuerdo es una estrategia política-publicitaria para calmar los ánimos, pero no tiene ningún sustento para poder asegurar que será una palanca para el progreso y el desarrollo social del país.

Entrevistado durante la apertura de la quinta Asamblea Nacional de la Cocyp, dijo que mientras no haya una convocatoria clara y precisa del gobierno federal y partidos políticos hacia la sociedad rural organizada para tomar una serie de medidas que busquen recuperar la economía rural, este pacto no tiene ni pies ni cabeza: es un acto panfletario y mediático sin sustento.

Agregó que el pacto debería tener orientaciones claras para alcanzar la sobernía y la seguridad alimentarias, activar el empleo e inversion productiva en el campo, y proteger los recuros naturales.

Max Correa destacó, por último, que las agrupaciones campesinas aglutinadas en el Congreso Agrario Permanente y el Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros promueven la conformación de un nuevo contrato social con la administración federal, y añadió que esto es necesario dado que México reporta una crisis de gobernabilidad que se refleja en la pobreza y marginación de millones de mexicanos.