El movimiento #YoSoy132 denunció detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso y a los derechos humanos durante las protestas del pasado primero de diciembre contra la asunción de Enrique Peña Nieto a la Presidencia.

El comité jurídico y de derechos humanos del colectivo informó que a la detención de 69 personas se suma la desaparición de Cinthia Hernández Carmona, de #YoSoy132 en León, Guanajuato, de quien se ignora su paradero.

En conferencia de prensa, los voceros del movimiento alertaron que en medios de comunicación se criminaliza a los jóvenes que permanecen en prisión, lo que viola su derecho al debido proceso y es particularmente grave en los casos de la cineasta Judith Gómez Contreras y de Stylianos García Vackimes, Mario Flores Guerrero, Ángel Boydan Florencio y Miguel Ángel Zepeda Patlani, a quienes la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) ha identificado como líderes de la revuelta, señalaron.

Agregaron que la policía capitalina actuó con lujo de violencia para detener a manifestantes que no participaron en los disturbios, personas que se acercaban a ayudar a heridos y detenidos e incluso a quienes simplemente pasaban por la calle.

Afirmaron que el movimiento reivindica sus principios pacíficos y dijeron que no les corresponde calificar si las acciones realizadas desde la sociedad organizada para acabar con el régimen fueron buenas o malas, aunque reconocieron que entre los detenidos hay integrantes de #YoSoy132.

Juan de Dios Hernández Monge, vocero de la Liga de Abogados Primero de Diciembre, señaló que contra los detenidos no hay más pruebas de cargo que no sean las declaraciones de los policías que participaron en el operativo. Consideró que debido a las irregularidades en las consignaciones podemos afirmar que estamos ante un caso, más que jurídico, eminentemente político.

Durante la conferencia se leyó una carta dirigida al nuevo jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, suscrita por el Grupo Paz con Democracia –que agrupa, entre otras personalidades, al ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México Pablo González Casanova–, en la cual se exige castigo a los responsables de los abusos y violación de derechos humanos de los manifestantes, y a no tener una policía represora y menos un gobierno subordinado a intereses que no corresponden a la mayoría de los capitalinos.

Hernández Monge agregó que se han presentado fotografías donde es evidente la presencia de personas vestidas de civil, usando un guante negro, que se mezclaron entre las fuerzas policiacas y actuaron como provocadores.

Explicó que el delito que se imputa a 58 hombres presos en el Reclusorio Norte y a 11 mujeres internadas en Santa Martha Acatitla, es ataque a la paz pública, con una pena que duplica ilícitos como rebelión y sabotaje, con los que se puede aplicar un máximo de 15 años de prisión, y en este caso intentan fincarles el cargo de mayor gravedad, similar al de terrorismo en el fuero federal.

Dijo que los cargos se sostienen en la declaración de los policías ante el Ministerio Público, que, en algunos casos –al menos cuatro–, hacen imputaciones directas y afirman que, sin lugar a duda, los jóvenes a quienes acusan son responsables de actos de destrucción.

A las 18 horas del domingo, agregó, vence el plazo legal para que se determine la situación jurídica de los acusados, por lo que exigió a la PGJDF la inmediata libertad de todos los detenidos y destacó que si se quiere apoyarlos desde el Poder Legislativo, se debe impulsar una ley de amnistía.