Los hechos violentos del primero de diciembre por la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como presidente dividieron a diputados en la Asamblea Legislativa.

Al presentar una iniciativa de ley sobre derechos de los jóvenes, la perredista Dinorah Pizano, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, exhortó al Tribunal Superior de Justicia local y al juzgado 47 de lo penal a que sin más demora proceda a liberar, en apego irrestricto de la ley, a quienes no se les ha podido fincar responsabilidad alguna.

Más tarde, al presentar también una iniciativa de ley para obligar a todos los establecimientos mercantiles a colocar cámaras de videovigilancia, el priísta Armando Tonatiuh González aseguró que en estos hechos se actuó conforme a derecho, y si no han salido de prisión 69 de los 100 aprehendidos es porque hay pruebas que los hacen responsables.

Al destacar que el sector empresarial tuvo pérdidas millonarias, el panista Orlando Anaya presentó una reforma para que sea responsabilidad del gobierno local la reparación del patrimonio de los ciudadanos cuando se susciten disturbios y se cause daño por omisión o actuación irregular de las autoridades.