Un impuesto de entre dos y tres pesos por litro de refresco permitiría financiar el gasto que realiza el Sistema Nacional de Salud en la atención de los enfermos de diabetes, el cual supera 40 mil millones de pesos anuales. Este padecimiento es la principal causa de muerte en el país y está directamente relacionado con el sobrepeso y la obesidad.

Organizaciones sociales afirmaron lo anterior, con base en los resultados de un estudio realizado por investigadores del Colegio de Posgraduados, según el cual los mexicanos consumen, en promedio, medio litro de bebidas gaseosas por día y pagan ocho pesos por cada litro.

El trabajo publicado en la revista Agricultura, Sociedad y Desarrollo, refiere –a partir de encuestas– que 7.5 por ciento del gasto en la canasta básica alimentaria urbana y 12 por ciento de la rural se destina a la compra de refrescos, e incluso el consumo de éstos es más frecuente que el de leche, frijoles y arroz.

Dan cuenta además de otros trabajos en los que sus autores han comprobado que el consumo de bebidas con azúcares añadidos está asociado al sobrepeso y obesidad de niños y adultos, y aumenta el riesgo de desarrollar diabetes.

De ahí que los autores, encabezados por Alma Esther Aguilar-Estrada, elaboraron un modelo para calcular la inversión del sistema sanitario en la atención de la diabetes y el monto que se debería cobrar en la forma de un impuesto al consumo de refrescos para desalentar la adquisición de estas bebidas, así como para financiar los servicios médicos del país.

Ayer, organizaciones civiles ofrecieron una conferencia de prensa para dar su respaldo a la iniciativa que hasta hoy se presentará en el Senado, a fin de que en el Presupuesto de Ingresos de 2013 se incluya la aplicación de un gravamen de 20 por ciento al consumo de refrescos.

El estudio de El Colegio de Posgraduados estimó que el consumo percápita de bebidas azucaradas es de 197 litros, por los cuales las personas pagan 176 mil 233.5 millones de pesos anuales.

Un impuesto al consumo generaría ingresos para solventar la inversión del sistema de salud y contribuiría a disminuir la ingesta, lo que a su vez tendría una repercusión positiva en disminuir la prevalencia de enfermedades. Se evitarían 8 mil derrames cerebrales y 240 mil casos de diabetes cada año.

Parte de los recursos obtenidos por esta vía, señaló Yuritzin Flores, gerente de campañas de Oxfam México, se podrían destinar a proveer agua potable a la población y a la vez disminuir el consumo de agua embotellada. Y es que, dijo, México también se ha convertido en el país con el mayor consumo per cápita de botellas de agua envasada.

Afirmó que la ingesta anual por persona es de 234 litros, el doble del consumo en Estados Unidos (110 litros). También está por encima de lo que se reporta en España (119 litros). El volumen representa 13 por ciento de las ventas mundiales de agua embotellada, dijo Flores.

El impuesto especial de productos y servicios (IEPS) que propondrá un grupo de legisladores en el Senado, para luego turnarlo a la Cámara de Diputados, podría representar para las comunidades más pobres del país revertir la carencia de agua potable.

De las 10 millones de personas que carecen de acceso al líquido, 60 por ciento están en zonas rurales, comentó Víctor Suárez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo. También resaltó que en las entidades con la menor cobertura de agua potable como son Chiapas, Guerrero y Oaxaca.