El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC), encabezado por Ricardo Monreal, presentó una demanda de juicio político contra los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Alejandro Luna Ramos, María del Carmen Alanís, Manuel González Oropeza, Salvador Olimpo Nava, Flavio Galván, Constancio Carrasco y Pedro Penagos, por violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales en materia electoral, y mentir ostensible y deliberadamente al formular el proyecto de resolución de constancia de mayoría en la elección presidencial en favor de Enrique Peña Nieto.

La demanda documenta las presuntas irregularidades en que habría incurrido el pleno del tribunal, echando por la borda –a decir de los legisladores– los preceptos de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad consignados en el artículo 41 de la Constitución, referente a las características del voto.

Los legisladores de MC –quienes pertenecen al Movimiento Progresista– señalan que denunciaron en tiempo y forma ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral la inconstitucionalidad de la elección del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, resultando lo anterior en una violación a los derechos políticos de los ciudadanos que participaron en la contienda y a las garantías instituidas para proteger tales derechos.

En el recuento que aparece en la denuncia de 95 fojas, la coalición Movimiento Progresista refiere que los magistrados no admitieron las pruebas presentadas para documentar los excesos de gasto en la campaña del PRI. En su momento dijeron a los denunciantes que no presentaron elementos para probar acarreo de votantes, llamadas telefónicas, ni transmisión de mensajes vía call center, o la operación de halconcitos (personas dedicadas a identificar a los votantes relacionados con el PRI) el día de los comicios.

Nosotros decimos que los magistrados mintieron ostensible y deliberadamente al formular el proyecto de resolución y al defender, cada uno de ellos, ese proyecto; mintieron también al negar la existen de las casas amigas del PRI y mintieron, desde luego, cuando concluyeron que la ley no limita la entrega de productos utilitarios, y más aún cuando dicen que no se acreditó que los utilitarios y el dinero se ofreciera sólo en cuanto a la elección presidencial, pues algunos correspondían a comicios locales, alegando que algunas legislaciones lo permiten.

El Movimiento Progresista, por medio de MC, califica con dureza el actuar de los magistrados, contra quienes demanda instaurar un proceso de juicio político.

Hay que decir las cosas como son. Llamar las cosas por su nombre. El máximo tribunal electoral del país, que debería actuar como una corte constitucional en la materia, devino en un tribunal de consigna; o peor aún, de cortesanía política. Se actuó sin pudor ni recato. La sesión donde fue resuelto el juicio de inconformidad presentado por el Movimiento Progresista se convirtió en un concurso de lambiscones. Peor aún, parecía competencia de quién era el más abyecto, quién se arrastraba más, quien era más cínico. Todo para hacerse merecedor de un asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.