EL Instituto Federal Electoral (IFE) consideró infundada la queja contra la coalición Compromiso por México (PRI y PVEM) sobre el presunto financiamiento ilícito a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto mediante empresas con sede en Estados Unidos y triangulación financiera con Monex, en virtud de que no se acreditaron elementos probatorios.

Fue una larga discusión en la que los partidos de izquierda cuestionaron la exhaustividad de la investigación y los consejeros apelaron a 170 días de indagaciones con 90 diligencias para apuntalar su votación unánime y desechar la queja.

No es para optar por una salida fácil o satisfacer a tal o cual interés público o privado, sino simplemente porque esta es la conclusión a la que ineludiblemente nos llevan los hechos. Datos duros, pruebas fehacientes, resultado de una serie de líneas de investigación claras y expresas que nos llevan a sostener que no hay una violación a la normatividad electoral, sostuvo el consejero Lorenzo Córdova.

En su oportunidad, el presidente del IFE, Leonardo Valdés, defendió en su conjunto el desahogo de todas las quejas relacionadas con Peña Nieto (y Andrés Manuel López Obrador, igualmente acusado de recibir financiamiento ilícito). Tras reivindicar la exhaustividad de la indagación de la Unidad de Fiscalización, sostuvo: La evolución de nuestra democracia exige que los partidos políticos, en su búsqueda por el respaldo de los ciudadanos, se concentren más en sus resultados, o sea, en su desempeño gubernamental, en sus plataformas electorales y debates políticos de mayor altura, pese a que fueron extensas las líneas ágatas y las notas de opinión para que el IFE realizara la investigación.

En contraste, el perredista Camerino Márquez sostuvo que el IFE fue omiso en requerir testimonios de personajes importantes vinculados en la presunta trama de financiamiento ilícito del priísta, mismos que actualmente ocupan cargos en el círculo cercano del Presidente. A su vez, Ricardo Mejía, de Movimiento Ciudadano, sugirió encubrimiento desde las instancias financieras.

El secretario de Hacienda de entonces es ahora titular de Relaciones de Exteriores; el coordinador de la campaña priísta ahora es titular de Hacienda; el entonces abogado del PRI ahora es procurador general de la República. La operación cerrojazo al fraude electoral del 2012. Citó como caso extremo el premio otorgado a María del Carmen Alanís, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como mujer del año, con la presencia de Peña Nieto.

No es casualidad que esta resolución se presente antes de que termine la propia fiscalización, sin esperar identificar gastos excesivos, incluso sacándolos del fallo del proceso administrativo y sólo sobre base de respuestas como aquella de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, agregó Mejía, quien cuestionó que no se haya analizado en conjunto todo lo relacionado con el caso Monex, incluidos los monederos, y otras empresas con sede en México.

En respuesta, la consejera María Marván sostuvo que no se acumularon las quejas porque no hay conectividad de causas, son dos cuestiones esencialmente distintas. En realidad son quejas distintas, una que tiene que ver con el caso Aquino y otra que corre por cuerda separada.

Ante los cuestionamientos de los partidos de izquierda, los consejeros cerraron filas. Marco Antonio Baños salió en defensa de la inocencia del ahora secretario de Hacienda, Luis Videgeray, quien estaría involucrado en una triangulación de financiamiento ilícito con el gobierno del estado de México mediante una cuenta que en su momento operó como funcionario mexiquense, según la queja.

Cuando deja de ser funcionario del gobierno del estado, la cuenta ya no se utiliza; por tanto, la posible transferencia de recursos de un gobierno estatal hacia un partido no se actualiza, como demuestra la Unidad de Fiscalización, dijo Baños.

Por su parte, Alfredo Figueroa enfatizó los 170 días de investigación y 90 diligencias realizadas: de los ejes de inves- tigación se desprende que no existen las transacciones que los denunciantes refirieron junto con las declaraciones de José Ponce Aquino, como propietario de una de las empresas.