La ayuda que otorga la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (Províctima) a quienes han padecido los efectos de la inseguridad deja mucho qué desear, pues se reduce a avisarles que su asunto ya es analizado, sin brindarles una solución real o siquiera mitigar los efectos de sus problemas, sostuvo el abogado Max Morales.

Ejemplos de esa situación son los casos del empresario suizo Oliver Tschumi y del hijo del científico español José Luis Crespo de las Casas –ambos víctimas de secuestro y desaparición–, ya que lo único que hizo la entidad dirigida por Sara Irene Herrerías fue revictimizar a los familiares y hacerles perder el tiempo.

El representante legal de las familias agraviadas lamentó que Províctima sólo cumpla un rol de dama de compañía.

Dos casos emblemáticos

En entrevista con La Jornada, señaló que el empresario suizo Oliver Tschumi fue secuestrado el 19 de diciembre de 2010 en Cuernavaca, sin que las autoridades de Morelos investigaran el crimen ni asesoraran a los parientes. Sólo los instó a pagar el rescate de 3 millones de pesos que exigían los plagiarios.

Tras recurrir de manera infructuosa a la Policía Federal, la embajada suiza y al entonces presidente Felipe Calderón, los familiares acudieron a Províctima –recién creada– sin encontrar ayuda efectiva.

Fuimos el asunto número uno que atendieron ahí. El primer día ni siquiera tenían sello de recepción de documentos, y tuvimos que batallar para que recibieran nuestra queja. Tres o cuatro meses después nos llamaron sólo para decirnos que se estaban haciendo cargo del asunto, sin que hasta la fecha nos hayan dado algún resultado, deploró Morales.

Meses más tarde, los encargados de Províctima volvieron a llamar a la familia de Tschumi –quien ya había huído del país– y la citaron para decirle que podían acompañarlos a presentar una denuncia ante la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada.

Un caso similar es el de José Luis Crespo Llabres, hijo del agrónomo español José Luis Crespo de las Casas, secuestrado el 4 de enero de este año en Nayarit y desaparecido, pese a que sus parientes pagaron el rescate.

Los familiares del joven peregrinaron por varias instituciones hasta llegar a Províctima, donde lo único que obtuvieron, después de una semana de haber presentado una queja, fue el anuncio de que ya tenían su asunto.