La Presidencia de la República se desistió de la controversia constitucional que interpuso el gobierno de Felipe Calderón contra la Ley General de Víctimas, y se prevé que en enero próximo el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine si procede este recurso.

Fuentes judiciales confirmaron lo anterior y agregaron que el escrito elaborado por el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos, ingresó ayer a la oficialía de partes de la Suprema Corte, cuatro días después de que el presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer su intención de desistirse de la acción legal contra la decisión del Congreso de la Unión.

Los informantes precisaron que aun cuando el jefe del Ejecutivo federal se desistió de la controversia, el ministro instructor del caso, Sergio Valls Hernández, debe presentar ante el pleno de la Corte un proyecto de dictamen en el que avale o rechace la petición de Presidencia.

Explicaron que la norma establece que no procede el desistimiento en controversias cuando el asunto se refiere a la constitucionalidad de leyes.

Por tal razón, señalaron los funcionarios, será muy importante el planteamiento que haga la consejería jurídica de la Presidencia para convencer a los ministros de que procede el desistimiento. En todo caso, añadieron, será en enero cuando la Corte adopte una resolución.

La Ley General de Víctimas permanece congelada desde el 19 de julio pasado, cuando el entonces presidente Felipe Calderón presentó la controversia contra el Congreso de la Unión, con motivo de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto que expedía la norma.

Dicha ley prevé la creación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas; reconoce como víctimas directas a aquellos ciudadanos que hayan sufrido algún daño o menoscabo como consecuencia de la comisión de un delito o de violaciones a sus derechos humanos, así como las personas o familiares a su cargo que tengan relación inmediata con ellas.

Además, señala una serie de principios, como dignidad de las víctimas, la buena fe, la debida diligencia, los espacios colectivos de reflexión, la rendición de cuentas y transparencia.

Asimismo, reconoce el derecho de las víctimas a una justicia equitativa y efectiva, y a procesos judiciales en los que se promueva la conciliación y la reparación del daño.

Inicialmente, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión regresó a Calderón las observaciones que había hecho a la citada ley, por considerar que su veto había sido extemporáneo.

El Ejecutivo federal rechazó las modificaciones que hizo el Congreso a su proyecto de dictamen, con el argumento de que la norma no establecía la forma en que estados y municipios iban a cumplir con sus obligaciones en favor de las víctimas y se negó a publicar la legislación en el Diario Oficial.

Después, los legisladores ordenaron al Diario Oficial la publicación de la norma, lo que motivó que el entonces jefe del Ejecutivo federal presentara la controversia.