La Paz, 5 de diciembre. El gobierno de Bolivia abrió una oficina pública para recibir denuncias sobre una red de extorsión que operó con asesores legales desde los ministerios del Interior y la Presidencia y que se extendió a fiscales y jueces, tras las acusaciones del encarcelado empresario estadunidense Jacob Ostreicher.

Continuamos recibiendo las denuncias; las continuaremos procesando, lo seguiremos haciendo, afirmó en conferencia de prensa el ministro del Interior, Carlos Romero, quien impulsa las aclaraciones sobre una red de funcionarios corruptos que operaron, al parecer, desde hace unos cinco años extorsionando a litigantes en casos millonarios.

La oficina investigadora dependerá de Romero, quien suspendió del cargo hace dos semanas a dos de sus principales asesores legales y que hasta ahora aparecen como cabecillas del clan: los abogados Fernando Rivera y Dennis Rodas, quienes están detenidos, junto a otros cuatro funcionarios de gobierno.

Isabelino Gómez, otro poderoso fiscal de Santa Cruz (este), fue enviado a la cárcel este miércoles.

El propio Romero denunció el lunes pasado que la red de extorsión se extendió a jueces y fiscales, al tiempo que el Ministerio Público abrió en paralelo otra investigación contra todos los que fueron acusados de formar parte del entramado.

A pesar de los avances, el ministro Romero señaló que la red de corrupción revela que sus influencias están intactas, pues los investigados han recibido hasta ahora un trato blando e incluso la tipificación de delitos no corresponde a la dimensión de las ilegalidades cometidas.

Romero criticó que no se incluya el delito de organización criminal y sólo hayan sido acusados de cohecho y extorsión, lo que disminuye las penas de cárcel de ocho a cuatro años.

El empresario arrocero Ostreicher, detenido desde junio de 2011 sin juicio ni sentencia, bajo el cargo de lavar dinero del narcotráfico, denunció que abogados del gobierno le pidieron 50 mil dólares para gozar de libertad condicional, mientras el mismo grupo vendía bienes de su propiedad.

Sus revelaciones abrieron una ola de denuncias y, desde entonces, todos los días han surgido nuevas acusaciones de quienes dicen haber sufrido la extorsión, entre ellos un ex ministro de derecha, un ex gobernador, delincuentes, narcotraficantes, abogados, un ex ejecutivo del actual gobierno y hasta un alcalde oficialista.

Ostreicher acaparó el interés después de que en agosto pasado el Departamento de Estado estadunidense reclamó por él a Bolivia y a principios de noviembre recibió la visita del actor Sean Penn.