Bogotá, 5 de diciembre. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se declaró preocupada por los alcances de una reforma constitucional que instaura el fuero militar en Colombia, y advirtió que podría provocar impunidad.

El presidente de ese organismo, José de Jesús Orozco, se reunió con un grupo de congresistas que se disponen a someter a discusión y aprobación en el último de ocho debates el proyecto, que también ha despertado fuertes críticas de organizaciones como Human Rights Watch y Naciones Unidas.

Hemos compartido nuestra preocupación con los senadores porque la competencia de los órganos de justicia militar debe ser considerada de manera excepcional y restrictiva, dijo Orozco a periodistas.

Algunos aspectos previstos en el proyecto de reforma resultarían incompatibles con los estándares interamericanos, precisó.

Cuando se le preguntó si existe posibilidad de impunidad con la reforma, respondió que existe la preocupación en la Comisión Interamericana de que podría correrse ese riesgo.

La CIDH realiza una visita a Colombia para conocer de cerca la realidad sobre derechos humanos en este país de 46 millones de habitantes, agobiado por un conflicto interno de casi cinco décadas, el más extenso del hemisferio.

Pese a las críticas, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, sostiene que no habrá impunidad porque los efectivos de las fuerzas militares y de la policía nacional que comentan delitos de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado serán juzgados por tribunales civiles.

El gobierno del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, asegura que los efectivos de sus fuerzas armadas necesitan garantías mínimas para enfrentar a los grupos armados ilegales, como la guerrilla y las bandas criminales integradas por ex paramilitares, debido a que en ocasiones han sido condenados por conceptos como la superioridad numérica frente a los adversarios en el campo de batalla.

Por otra parte, un juez de Ibagué, capital del departamento de Tolima, ordenó la devolución de casi cuatro hectáreas de tierra en una zona rural del municipio de Ataco a famlias que fueron desplazados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que usurparon esos terrenos, al tiempo que se reportó que siete guerrilleros de esta organización fueron abatidos en Guainía.

Condena a ex jefe paramilitar

El ex comandante paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, Jorge 40, fue condenado a 25 años de cárcel tras ser encontrado culpable de la muerte de siete funcionarios de la fiscalía, falló un juez, se reportó al cierre de esta edición.

Jorge 40, uno de los cabecillas de las Autodefensas Unidas de Colombia que entregó las armas durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), fue extraditado en mayo de 2008 a Estados Unidos, donde cumple una condena por el delito de narcotráfico.