Buenos Aires, 3 de diciembre. La petrolera española Repsol demandó al gobierno argentino por la nacionalización de su filial YPF, ante ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), adscrito al Banco Mundial.

Repsol argumentó en su presentación que Argentina violó un acuerdo para la protección recíproca de inversiones con España, al expropiar su 51 por ciento de YPF en mayo pasado, según un comunicado de la petrolera al regulador bursátil español. La demanda no incluye el monto de la compensación exigida por Repsol, que será detallada en una instancia posterior del proceso, dijo a Reuters una fuente jurídica.

La petrolera valoró en 10 mil millones de dólares la participación de YPF que Argentina le expropió después de acusarla de no invertir lo necesario para evitar el declive de la producción de la mayor petrolera del país. Repsol negó los cargos y aseguró que la expropiación fue una jugada del gobierno para quedarse con los inmensos recursos de hidrocarburos no convencionales de YPF.

Las acciones de YPF en Buenos Aires borraron sus ganancias tras el anuncio de Repsol y cayeron 0.65 por ciento.

La compañía española recordó que ya pasó el plazo de seis meses necesario desde que se notificó esta controversia a Buenos Aires, con el fin de buscar una solución a estas diferencias antes de recurrir al Ciadi.

El Ciadi constituirá un tribunal ante el que las partes tendrán que presentar sus alegatos.

En dichos escritos de alegaciones, Repsol, SA y Repsol Butano SA concretarán las reparaciones y compensaciones a reclamar a la República Argentina, sin perjuicio de la posibilidad de las partes de poner fin al procedimiento en cualquier momento en caso de alcanzarse un acuerdo entre ellas, añadió el comunicado.

Argentina ha sido demandada casi medio centenar de veces desde 2002 ante el Ciadi, especialmente por compañías de servicios públicos que vieron perjudicadas sus inversiones en el país por la conversión forzosa a moneda local de contratos en dólares como consecuencia de la feroz crisis financiera que vivió el país hace una década.

Washington suspendió en mayo pasado las preferencias arancelarias que beneficiaban las importaciones desde Argentina, porque Buenos Aires se ha negado a cumplir con dos sentencias del Ciadi a favor de firmas estadunidenses por más de 300 millones de dólares.

La expropiación de YPF también desató críticas de la Unión Europea y de la comunidad financiera internacional, que no están de acuerdo con las políticas intervencionistas que de la presidenta Cristina Fernández.

Hasta ahora el gobierno argentino se ha negado a negociar con Repsol una compensación por la expropiación, y el panel dependiente del Ministerio de Planificación Federal que debe tasar la participación nacionalizada de YPF aún no se expide.

La caída de la producción de hidrocarburos de YPF obligó al gobierno a realizar millonarias importaciones de energía que pusieron en riesgo el superávit comercial clave con que financia la economía.