Ante el informe del Comité de Naciones Unidas contra la Tortura –el cual alerta de un alarmante aumento de esta práctica en México– el gobierno federal respondió que no existe impunidad ante la comisión de este delito. Afirmó que en todos los casos registrados se investiga y se sanciona a los responsables. La tortura no es ni será tolerada, insistió.

En un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como de la Procuraduría General de la República, reconocieron que persisten retos en la materia, por lo que continuarán realizando todas las acciones para atenderlos.

Sin duda –añadieron– todas las observaciones son un aporte importante para consolidar esta cultura de respeto a los derechos humanos.

Sostuvieron que el Estado mexicano ha realizado grandes esfuerzos para dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales en materia de tortura, por lo que recibe con responsabilidad las recomendaciones y asume el compromiso de examinarlas minuciosamente.