La inminente aprobación de la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para restituir a la Secretaría de Gobernación sus funciones policiacas, ejercer el control central de la política social desde la Secretaría de Desarrollo Social y desaparecer la Secretaría de la Función Pública generó controversia en las filas del PRD.

Mientras Silvano Aureoles, coordinador de la fracción del sol azteca, sostuvo que el futuro gobierno de Enrique Peña Nieto tiene derecho a organizar a su arbitrio la administración pública, su bancada le exigió que demandara un nuevo turno a la iniciativa en el seno de la Comisión de Gobernación, porque el texto debe ser analizado a profundidad.

Aureoles, quien ha dado muestra de aceptación del proyecto de reforma del PRI, señaló que “hay una serie de preocupaciones con respecto a la iniciativa de reforma, entendiendo que es una facultad y responsabilidad del nuevo gobierno estructurar su gabinete como considere pertinente.

Habremos de fijar nuestra postura muy firme en temas que nos preocupan: en el caso de la Secretaría de Desarrollo Social, se están transfiriendo todos los institutos, comisiones que tienen que ver con sectores indígenas, jóvenes, mujeres... Bueno, queremos revisar entre hoy y mañana el fundamento, las razones, la polémica ésta de la policía en Gobernación, entre otros de los temas que estamos revisando. Queremos escuchar qué piensan los que saben del tema.

Por el contrario, la vicepresidenta de la mesa directiva, Aleyda Alavés (PRD), reprochó el contendido de la reforma a la Secretaría de Gobernación: “dar la facultad de manera extraordinaria del uso de la fuerza a una instancia política abre una puerta y una posibilidad de que dicha fuerza pueda ser utilizada con criterios políticos.

Los principios para el uso de la fuerza emanados del Comité Internacional de la Cruz Roja establecen que los criterios para el uso de la fuerza deben ser proporcionales, racionales y bajo el principio de estricta necesidad, mientras la iniciativa propone que se use la fuerza a partir de criterios subjetivos y poco claros.

La creación de una policía política, como propone la iniciativa, nos retrae en el tiempo más de 30 años, cuando la otrora Dirección Federal de Seguridad, como cuerpo de seguridad adscrito a Gobernación, ejecutaba las órdenes más violatorias de los derechos humanos en contra de opositores políticos y críticos sociales.

La representante perredista señaló que Silvano Aureoles tiene un estilo particular que no representa a un sector numeroso de legisladores del PRD, y él tendrá que ajustarse a lo que el grupo parlamentario le mandate, replicó.

En tanto, el coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, confirmó que este miércoles la Comisión de Gobernación elaborará el proyecto de dictamen de ley, y el jueves se someterá a la consideración del pleno cameral, una vez que se cuente con el consenso de la mayoría de los grupos parlamentarios.

“Estamos confiados en los grupos parlamentarios del PRI y del Partido Verde Ecologista de México –que hicieron suya esta iniciativa–, en que este miércoles pueda dictaminarse y que el jueves la conozca el pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y posible aprobación.

Confiamos en que los distintos grupos parlamentarios que coinciden en la Cámara de Diputados reconozcan que es importante que le demos una solución y respuesta rápida a esta iniciativa, para que el próximo gobierno que se instale el primero de diciembre lo haga con plena legalidad.

Jorge Villalobos, vicecoordinador del PAN, dejó entrever que su bancada se sumará a la aprobación del dictamen, una vez que se revisen temas sensibles que interesan a sus correligionarios, como crear un tribunal de cuentas o un tribunal constitucional que complemente de alguna manera el acceso a la justicia que actualmente hace el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa en contra de las resoluciones que hace la Secretaría de la Función Pública, que se prevé desaparecer.