Integrantes del llamado Consejo Estudiantil en Lucha (CEL) interpondrán acciones legales por el uso que integrantes del Consejo Universitario identificados con la rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), María Esther Orozco Orozco, están haciendo de sus datos personales, con el fin de criminalizarlos.

Por su parte, los delegados del CEL y del grupo Consejeros Universitarios en Defensa del Voto y la Legalidad que participan en la mesa técnica para la solución del conflicto en la UACM rechazaron toda acción de cualquier grupo o frente que no haya participado en el proceso de negociación y deliberación entre la comisión tripartita y la rectoría, o que desconozca estos criterios de legalidad y busque, de manera oportunista, enturbiar el camino para la operación del máximo órgano de gobierno de la UACM, que está a un paso de llegar a buen puerto.

Reiteraron que ya entregaron a los diputados que participan en la citada mesa una propuesta formal de solución para destrabar el único punto a debate de los nueve incluidos en el documento elaborado por los legisladores, el cual fue entregado a las partes en conflicto la semana pasada.

La propuesta contiene dos alternativas: la primera incluye la instalación del tercer Consejo Universitario, y la segunda, la integración del mismo. Ambas propuestas incluyen a los 49 consejeros titulares y sus suplentes, además de la rectora, acorde con la recomendación de la comisión mixta que revisó las impugnaciones al proceso electoral que se desarrolló en la UACM el 10, el 13 y el 14 de agosto. Se sugiere que la instalación o formación del tercer consejo se lleve a cabo el viernes 23 de noviembre en el Museo de la Ciudad de México.

Asimismo, reiteraron su estricto respeto a los acuerdos de Casa Lamm y al proyecto de recomendación diseñado por los amigables componedores en la Secretaría de Educación del Gobierno del Distrito Federal en octubre pasado.

En tanto, el Consejo Universitario identificado con la rectora Esther Orozco dijo que la renuencia de los paristas a reconocer que el tercer Consejo Universitario ya esta instalado implica no sólo extender el paro, sino desconocer por completo el marco jurídico institucional y los planteamientos de jueces federales.

Señalaron que se espera que los paristas reconozcan la legalidad de la instalación del tercer Consejo Universitario, como han hecho el resto de las partes que participan en este proceso, más cuando esa decisión se apoya en el criterio expresado por cuatro jueces federales que analizan cinco juicios de amparo.