El acuerdo por el que se determinan los centros de origen y los de diversidad genética del maíz en México, lejos de proteger dichas zonas, lo que hace es demarcar las áreas susceptibles de siembra comercial de semillas genéticamente modificadas, cumpliendo las formas de la ley de bioseguridad en la materia, pero no con el espíritu de régimen de protección, criticaron especialistas.

En entrevista, Adelita San Vicente, de Semillas de Vida –organización integrante de la campaña nacional Sin Maíz no hay País–, explicó que el artículo 86 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados define los centros de origen de maíz para proteger las variedades nativas, no para abrirlos a la siembra de transgénicos.

En ese sentido, no se cumple el objetivo, porque no protege realmente los centros de origen. No podemos fraccionar el país de esta manera; todo México es centro de origen y no hay forma de evitar que se contamine el grano, no hay forma de coexistencia en el territorio de maíz transgénico y maíz nativo.

Alma Piñeyro, miembro de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, consideró que el acuerdo –publicado el pasado día 2 en el Diario Oficial de la Federación– es contradictorio con la información provista por las propias agencias gubernamentales, como la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), y que “está hecho a modo” para posibilitar la siembra comercial de maíz transgénico.

Las autoridades “están interpretando los datos disponibles de manera discrecional para poder sacar un acuerdo ad hoc. Que se haya publicado este acuerdo posibilita seguir con el proceso legal, desde el punto de vista formal, para sembrar maíz transgénico”, dijo la también estudiante de doctorado en el Instituto de Ecología de la UNAM.

San Vicente refirió que el estudio Proyecto global de maíces maestros, de la Conabio, encontró tanta diversidad de maíz en el norte como en el sur del país, por lo que recomienda que no se otorguen los permisos. Sin embargo, el gobierno ha ignorado a sus propios científicos, no sólo a los independientes.

Hemos dicho que la ley no es de fomento de organismos genéticamente modificados; se entiende que es de bioseguridad, por lo que toca definir medidas frente a esa biotecnología, más siendo México centro de origen y diversidad genética de 16 por ciento de las especies de que se alimenta la humanidad, subrayó.

Asimismo, dijo que las autoridades no han establecido la norma de resultados de la fase experimental de la siembra de transgénicos para luego pasar a la fase piloto, por lo que esos permisos ni siquiera deberían otorgarse, mucho menos los de siembra comercial.

Esperamos que Enrique Peña Nieto abra un debate nacional sobre algo tan importante como nuestra alimentación y el hecho de que el país es el reservorio genético del maíz, concluyó.