La creación de la comisión anticorrupción concentrará el poder en las manos del presidente de la República, al ser éste quien sugiera la designación de los comisionados, y debilitará a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al integrar un consejo nacional de ética pública que presidirá el propio Enrique Peña Nieto junto con los gobernadores y ciudadanía de utilería, advirtió John Ackerman, investigador de la UNAM.

A su vez, el director de Fundar, Miguel Pulido, destacó que la corrupción debe enfrentarse con prevención, rendición de cuentas y asignación de recursos en forma clara, no con la concentración del poder en el presidente del país. Más que crear instituciones, se requiere revisión de los principios y quizá algunos ajustes institucionales.

Sobre la desaparición de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Ackerman advirtió que provocará que cada secretaría y entidad federal se convierta en un feudo y haya más opacidad, pues los órganos internos de control (OIC) –encargados de vigilar el uso de los recursos públicos– estarían bajo las órdenes de los titulares de las dependencias, a quienes auditarían.

Aunque el actuar de la SFP fue un fracaso, su diseño institucional no está mal, pero convertir los OIC en controlarías dependientes de los secretarios de Estado y directores de parestatales, y dejar que la Secretaría de Hacienda se haga cargo de las contrataciones de los funcionarios, al desaparecer el servicio civil de carrera (que mediante evaluaciones contrataba a los servidores públicos), hará pedazos el sistema de control interno del gobierno federal.

Ackerman previó que de aprobarse las iniciativas y reformas de Peña Nieto, no habrá a quién rendir cuentas de las contrataciones y ejercicio de los recursos; habrá descontrol y mayor opacidad. Esto significa el regreso del viejo PRI.

El director general de Gestión Social (Gesoc), Alejandro González, coincidió en que la desaparición de la SFP representa desmantelar el actual sistema de control interno. ¿Quién va a ajustar ahora los detalles del sistema de gestión que genera la corrupción?, porque ésta no es problema de un pillo, sino de un sistema de gestión pública con espacios ambiguos que la propicia, planteó.

En entrevista telefónica desde Washington, Ackerman advirtió que la propuesta anticorrupción de Peña Nieto es un retroceso y un doble golpe para el sistema de fiscalización del erario, además de que deja en segundo plano el actuar de la ASF, una de las pocas instituciones efectivas que desde hace años ha planteado que se le den facultades plenas para imponer sanciones administrativas por el inadecuado manejo de los recursos públicos. En lugar de fortalecer la ASF, se busca crear otra instancia para opacarla e interferir en sus actividades.

De la concentración de poder en manos de Peña, explicó que se daría por dos vías: el nombramiento directo de los cinco comisionados anticorrupción, el cual sólo podría ser objetado por el Senado, 30 días después de la designación, como ocurre en el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, cuyos resultados vimos con los nombramientos que hizo Felipe Calderón, y mediante la integración del consejo nacional de ética.